Colombia estaba a punto de lograr algo que nunca había conseguido: un cupo de magistrada en la Corte Penal Internacional. El Gobierno habría dejado sin efecto esa posibilidad el jueves pasado, al retirar la candidatura de Carolina Olarte Bácares, según pudo establecer la fuente de este artículo.
La exembajadora de Colombia en los Países Bajos aseguró que desconoce las razones de la decisión y sostuvo que con ella "trunca el derecho y aspiración que tiene Colombia de integrar, por primera vez en su historia, un órgano de decisión internacional que representa la lucha de muchos años en contra de la impunidad".
Una candidatura bien evaluada
Olarte había sido postulada durante el gobierno Petro y su aspiración avanzó en un proceso con candidatos de países como Ghana, Dinamarca, Ucrania, Suiza, España y Japón, entre otros. Según un documento del proceso de selección del 5 de agosto, el comité evaluador la consideró "altamente calificada" para el cargo y la ubicó junto con otros tres aspirantes en el grupo de mayor puntaje, teniendo en cuenta su experiencia, el material escrito presentado y su desempeño en la entrevista.
En diciembre de este año el tribunal deberá elegir a seis magistrados nuevos. La jurista contó que su candidatura estaba prevista para continuar pese al cambio de Gobierno, porque le habían manifestado que se trataba de una postulación del Estado colombiano, no de un gobierno en particular.
Presiones sobre la Corte y dudas sobre la relación con la CPI
El retiro se conoce en un momento de tensiones alrededor del tribunal. Estados Unidos pidió a los países del Escudo de las Américas retirarse de la Corte, y se conoció que el país prepara sanciones económicas contra la CPI. La solicitud la hizo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante un foro de seguridad en Panamá, donde cuestionó el papel del tribunal y lo señaló como una amenaza para la soberanía de los Estados.
En paralelo circulan versiones sobre un eventual cambio en la relación de Colombia con la Corte. A mediados de agosto se reveló que fuentes consultadas en La Haya daban por segura la salida del país de la CPI, encaminada a denunciar el Estatuto de Roma, el tratado mediante el cual Colombia reconoció su jurisdicción. La Cancillería, sin embargo, no ha comunicado nada formalmente al respecto.
El contexto también incluye declaraciones de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, quien habló de sacar a Colombia de Naciones Unidas, de la OEA y del sistema interamericano de derechos humanos, aunque no se refirió específicamente a la Corte Penal Internacional. Su estratega, Carlos Suárez, llegó a calificar esos sistemas como "dinosaurios inservibles".
Qué es la CPI y cómo ha sido su relación con Colombia
La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente y permanente que juzga a individuos —no a naciones— acusados de los crímenes más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Rige por el Estatuto de Roma, vigente desde el 1 de julio de 2002, y actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no tienen voluntad o capacidad real de investigar esos delitos.
Colombia estuvo durante décadas bajo vigilancia de la Corte, en particular por los crímenes más graves del conflicto armado. En octubre de 2021, el entonces fiscal Karim Khan cerró el examen preliminar sobre el país, con el argumento de que Colombia contaba con una estructura judicial interna para procesar esos hechos, principalmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esa ocasión se firmó un acuerdo de cooperación que comprometía al Estado a salvaguardar el marco constitucional de la JEP, asignar presupuesto para su implementación y evitar interferencias con sus funciones.
La relación con la CPI vuelve así al centro del debate, justo cuando el Gobierno ha respaldado una propuesta para recortar recursos a la JEP.