El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de Competitividad, conocido como Ley Antitrámites, con el que busca reducir las cargas burocráticas, los costos y los tiempos que enfrentan ciudadanos, empresas y emprendedores en Colombia. La iniciativa fue presentada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.
El proyecto quedó registrado como Proyecto de Ley 177 de 2026 Senado y también fue radicado en la Cámara de Representantes con el número 305 de 2026. Su objetivo es simplificar procedimientos administrativos, impulsar la digitalización y facilitar la relación entre el Estado y el sector productivo, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas.
Expediente Único Empresarial Digital
Uno de los ejes de la propuesta es la creación de un Expediente Único Empresarial Digital. El mecanismo permitiría que las entidades públicas compartan información y evitaría que ciudadanos y empresas entreguen varias veces documentos que ya reposan en el Estado.
La iniciativa plantea integrar datos de sistemas como el RUES, el RUT, el RUP y el SECOP. También busca fortalecer las ventanillas únicas para que distintos procedimientos puedan gestionarse de manera coordinada y para que las entidades presenten requerimientos integrales, en lugar de solicitar información de forma fragmentada.
“Si el Estado ya tiene una información, no puede obligar al ciudadano o al empresario a entregarla nuevamente”, señala uno de los principios divulgados por el vocero del Gobierno, Miller Soto.
Cambios en trámites urbanísticos y para microempresas
En construcción y urbanismo, el proyecto propone fijar un plazo máximo de 15 días hábiles para expedir el certificado urbanístico vinculante. También contempla tramitar de manera conjunta determinados procedimientos relacionados con el espacio público y el arbolado.
Otra medida plantea eliminar para las microempresas el cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos. Según el Gobierno, esto reduciría costos asociados con la formalización y la operación de los pequeños negocios.
La propuesta también busca impedir que la digitalización de un trámite sea utilizada para crear nuevos cobros o recargos bajo el argumento de la modernización tecnológica.
Silencio administrativo y otros procedimientos
El articulado incluye medidas para fortalecer la aplicación del silencio administrativo positivo cuando una entidad no responda dentro de los términos establecidos y se cumplan las condiciones legales. En esos casos, se pretende que la falta de respuesta produzca los efectos jurídicos correspondientes.
El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con comercio exterior, actuaciones notariales, registros inmobiliarios y consultas digitales.
La iniciativa es un proyecto de ley ordinaria y todavía no está vigente. Ahora deberá avanzar en el Congreso, donde podrá ser discutida y modificada antes de que se defina si se convierte en ley.