El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un estatuto antiterrorista que será presentado al Congreso en los próximos días, aunque el texto todavía está en proceso de ajustes y no ha sido radicado. La propuesta busca crear un listado de organizaciones y personas vinculadas con actividades terroristas, junto con sanciones económicas y penas más altas.
La iniciativa surge en un escenario que el Gobierno considera crítico para la seguridad del país. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz citadas en el análisis, los principales grupos armados pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un aumento del 90 por ciento.
El mismo informe señala que solo el 46 por ciento de la capacidad militar estaría disponible. El proyecto pretende ampliar las herramientas contra las estructuras armadas y sus fuentes de financiación.
Qué plantea el proyecto
A diferencia de la propuesta impulsada durante el Gobierno de Álvaro Uribe, el nuevo estatuto no contempla una reforma constitucional. El núcleo del borrador es la creación de un registro de organizaciones y personas vinculadas con el terrorismo, tomando como referencia listados aplicados por Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas.
Las organizaciones incluidas podrían ser clasificadas como grupos armados organizados y quedar sometidas al derecho internacional humanitario. El proyecto también contempla la congelación de recursos y cuentas bancarias, restricciones para contratar con el Estado y la pérdida de beneficios públicos.
El borrador plantea nuevos tipos penales agravados para quienes integren grupos catalogados como terroristas, así como un régimen penitenciario especial para sus cabecillas. En ese apartado se relacionan las propuestas de megacárceles y buques cárcel.
Además, se crearía la figura del alto comisionado de lucha contra el terrorismo, designado por el Presidente para un periodo de cinco años. El texto también contempla restricciones para personas sospechosas de terrorismo incluso cuando la Fiscalía no haya presentado una imputación.
Las críticas por el debido proceso
El Pacto Histórico ha advertido que el mecanismo podría utilizarse para perseguir a la oposición. El senador Iván Cepeda afirmó que incluir personas, además de organizaciones, abriría la puerta a afectaciones al buen nombre, sanciones económicas y daños patrimoniales sin una condena penal previa.
Una de las principales preocupaciones se relaciona con la posibilidad de que el registro nacional se alimente de designaciones extranjeras, como las incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC.
El análisis del borrador señala que una designación extranjera podría producir la inclusión provisional de una persona u organización en el registro. También advierte que el mecanismo podría extenderse a personas jurídicas controladas por quienes aparezcan en la lista.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, cuestionó las facultades previstas para el Consejo de Seguridad Nacional, entidad que definiría las inclusiones. Según Bonilla, el organismo podría imponer sanciones administrativas sin una investigación completa y con información reservada que la persona afectada no necesariamente conocería.
La defensa del Gobierno
El senador Hernán Cadavid defendió la iniciativa y afirmó que Colombia necesita adaptar sus instrumentos estatales al nuevo desafío de la criminalidad. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo que el estatuto estaría dirigido contra organizaciones terroristas y no contra expresidentes, partidos políticos ni opositores.
Lara explicó que el proyecto aún incorpora modificaciones, especialmente en lo relacionado con las finanzas ilegales de las organizaciones criminales. El Consejo de Política Criminal, que debía analizar la propuesta, fue aplazado para el 15 de octubre.
El Gobierno espera presentar al Congreso una herramienta que, según sus defensores, permita recuperar el control territorial y fortalecer la persecución de las estructuras armadas. La discusión legislativa deberá definir el alcance de las medidas y sus límites frente a los derechos fundamentales.