El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, en Putumayo, amparó los derechos de los excombatientes de los Comandos de Frontera acogidos a la política de paz total y ordenó a la Presidencia suspender por seis meses la terminación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en la ruralidad del Valle del Guamuez, para que en ese término se garantice un plan interinstitucional de cierre adecuado.
El fallo, notificado el 8 de octubre, llega tras la tutela interpuesta por 62 excombatientes en contra de la Presidencia, después de conocer la resolución que había ordenado cerrar la ZUT el 30 de septiembre. El juzgado suspendió provisionalmente la medida mientras estudiaba la acción, en la que se advierten posibles riesgos para la seguridad y la reincorporación de las personas concentradas en el lugar.
Qué ordena el fallo: la Presidencia tendrá seis meses, contados desde el recibo de la notificación, para culminar las actuaciones administrativas, documentales, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para el cierre de la ZUT, con la participación de las entidades competentes. El Gobierno podrá impugnar la decisión.
Del plan del Gobierno al contratiempo judicial
Tras no poder culminar el cierre el 30 de septiembre, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) expidió una nueva resolución que fijaba como fecha límite el 3 de diciembre, con la condición de que a más tardar el 30 de noviembre de 2026 se materializara la salida de la totalidad de las personas allí concentradas, unos 60 en la actualidad.
Pero la orden judicial lo cambia todo. El concultorio jurídico y la clínica de acciones públicas de la Universidad Javeriana, que acompañan legalmente a los excombatientes, explicaron que con el fallo ya no podrá terminarse la ZUT en diciembre como pretendía el Ejecutivo: la zona seguiría vigente hasta comienzos de 2027.
Las alertas de la ARN y la Defensoría
La providencia recoge las alertas de la Agencia Nacional para la Reincorporación (ARN), que comunicó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría su preocupación por el cierre anticipado: advirtió un riesgo importante para las garantías de derechos y la seguridad de las personas que inician su reintegración, un riesgo significativo de reincidencia y un impacto en la credibilidad institucional frente a los procesos de desmovilización.
Los derechos declarados amparados incluyen la vida, la seguridad y la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad, la reincorporación y tránsito a la vida civil, así como el debido proceso administrativo y la confianza legítima, entre otros.
El panorama dentro de la zona
De las 99 personas que ingresaron a la ZUT el 18 de junio, 53 tienen entre 18 y 28 años, 13 son mujeres, 9 tienen una discapacidad y 50 se auto reconocen como miembros de un pueblo indígena u originario. La Defensoría del Pueblo documentó, en una visita de verificación del 18 de septiembre, ausencia de atención en salud y obstáculos para atender emergencias médicas en el sitio.
La Defensoría también reportó la ausencia de medidas de protección adecuadas: 11 personas expresaron temor ante posibles represalias de grupos armados ilegales presentes en la zona y 23 señalaron amenazas concretas. Además, 43 manifestaron no tener un lugar seguro al cual llegar ni contar con ingresos ni redes de apoyo, y 51 dijeron ser el sostén económico de hijos menores de edad, padres adultos mayores o sus parejas.