El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que el Gobierno garantizará el derecho a la marcha pacífica, pero advirtió que no permitirá bloqueos de vías, agresiones contra la ciudadanía ni ataques a servidores públicos durante las protestas.
La declaración se produjo tras la expedición del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, emitido por el Ministerio del Interior para modificar el protocolo de actuación de las autoridades frente a las movilizaciones.
La norma establece que la Fuerza Pública podrá actuar de manera individual contra quienes cometan actos violentos, sin tener que esperar a que termine el diálogo con el conjunto de los manifestantes. La mediación continuará con las personas que permanezcan de forma pacífica en el lugar.
Cinco niveles de actuación
El protocolo contempla cinco etapas: facilitación preventiva, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden público. El paso entre niveles deberá quedar sustentado en el Puesto de Mando Unificado, que documentará los procedimientos e informará al Ministerio Público.
La intervención simultánea con el diálogo podrá aplicarse cuando se identifique el uso de armas, artefactos incendiarios, retención de personas, ataques contra misiones médicas o periodísticas y daños a la infraestructura.
En los bloqueos viales, la respuesta deberá ajustarse al principio de uso mínimo de la fuerza y requerirá la orden de las autoridades territoriales o del Gobierno nacional. Además, el decreto ordena habilitar corredores solidarios para garantizar el paso de ambulancias, insumos hospitalarios y alimentos perecederos.
La norma ratifica que los uniformados asignados a las manifestaciones no podrán utilizar armas de fuego y mantiene la no intervención de las Fuerzas Militares en el control de las movilizaciones. El presidente resumió su postura con la frase: “Protesta no puede ser escudo para el crimen”.