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jueves, 15 de octubre de 2026 Noticias de Colombia y el mundo.

Gobierno garantiza protesta pacífica mientras crece la tensión con la oposición

La oposición convocó marchas para el 14 de octubre y el Ejecutivo aseguró que protegerá la manifestación constitucional, aunque advirtió que no permitirá actos violentos.
Escrito por Redacción Web 8 octubre, 2026
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Personas participan en una manifestación política pacífica en una calle

Foto: David Restrepo / Unsplash

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que garantizará el derecho a la protesta pacífica frente a las marchas convocadas por sectores de la oposición para el próximo 14 de octubre. Al mismo tiempo, advirtió que no permitirá actos violentos ni acciones que afecten a quienes no participen en las movilizaciones.

La convocatoria cuenta con el respaldo de sindicatos como Fecode y la CUT, además del Pacto Histórico, organización liderada por el expresidente Gustavo Petro. Sus promotores esperan una jornada masiva y la consideran el inicio formal de la campaña de la izquierda para las elecciones regionales de 2027.

Petro, el senador Iván Cepeda y otros dirigentes han cuestionado las iniciativas del Ejecutivo relacionadas con la regulación de las protestas y la actuación de la Fuerza Pública. Desde su perspectiva, esas medidas podrían limitar el derecho constitucional a la manifestación.

El Gobierno defiende sus medidas de seguridad

El presidente y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostienen que las propuestas buscan proteger a quienes no participan en las marchas y enfrentar a organizaciones criminales que generan violencia o que, según el Gobierno, pueden infiltrar manifestaciones pacíficas.

La administración también avanza en los lineamientos de un estatuto antiterrorista, cuyos apartados relacionados con las movilizaciones han generado cuestionamientos entre sectores de la oposición.

“La oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y, por supuesto, aspirar a reemplazarme al concluir mi mandato siempre que actúe en el marco de la Constitución y la ley”, afirmó el jefe de Estado.

Por su parte, Rodrigo Lara sostuvo que ningún expresidente, partido u organización de oposición debe temer por ejercer sus derechos políticos y afirmó que las medidas del Gobierno están dirigidas contra organizaciones terroristas.

La movilización ocurre en medio de una nueva disputa política entre el Gobierno y la izquierda. El oficialismo cuenta, según la información divulgada, con 12,9 millones de votos obtenidos por De la Espriella y una coalición de partidos que suma más de 180 curules en el Congreso. La izquierda, por su parte, obtuvo 12,6 millones de votos en la segunda vuelta presidencial y tiene 69 congresistas entre Senado y Cámara.

La atención estará puesta en el desarrollo de las marchas, la participación de Petro y la capacidad de las autoridades para garantizar una protesta sin violencia, como establece la Constitución.

Resumen de la noticia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que garantizará el derecho a la protesta pacífica frente a las marchas convocadas por sectores de la oposición para el 14 de octubre. La jornada es promovida por sindicatos, la CUT, Fecode y el Pacto Histórico, que buscan una movilización masiva y la presentan como un punto de partida para la campaña de la izquierda hacia las elecciones regionales de 2027. El Ejecutivo defendió sus iniciativas sobre seguridad y regulación de las protestas, mientras sus contradictores advirtieron que podrían limitar la manifestación política.

En pocas palabras

  • Marchas de la oposición previstas para el 14 de octubre
  • El Gobierno dijo que garantizará la protesta pacífica
  • La administración advirtió que no permitirá actos violentos
  • Fecode, la CUT y el Pacto Histórico respaldan la movilización
  • El debate incluye un proyecto de regulación de protestas y un estatuto antiterrorista

¿Por qué importa?

La jornada puede convertirse en una nueva prueba para la relación entre el Gobierno y la oposición, además de poner a prueba la forma en que las autoridades protegen la protesta sin violencia.

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