El Gobierno Nacional anunció que presentará ante el Consejo de Política Criminal una propuesta para abordar la minería criminal como una actividad vinculada con la financiación de grupos armados y otras economías ilícitas.
El anuncio fue realizado por Miller Soto, vocero del Gobierno, después de un sobrevuelo por zonas de explotación ilegal de oro en el departamento del Chocó. Durante el recorrido fueron identificadas más de 100 retroexcavadoras sin autorización.
Soto explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, observó desde un helicóptero la magnitud de las intervenciones sobre el territorio, especialmente en el área del Baudó y en el corregimiento de San Lorenzo, en Nóvita.
En esas zonas se han registrado daños asociados con la apertura de terrenos para extraer oro, el desvío de ríos y la presencia de campamentos atribuidos a estructuras armadas.
Con la propuesta, el Gobierno buscaría que la respuesta a la minería ilegal vaya más allá de las actuaciones relacionadas con el impacto ambiental. La intención es incorporarla a una estrategia contra las economías ilícitas que, según las autoridades, contribuyen al sostenimiento financiero de organizaciones armadas.