El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara la aplicación del decreto que regula la protesta social, una medida que será puesta a prueba durante las marchas convocadas para este 14 de octubre por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Fecode.
El presidente afirmó que el articulado busca proteger a quienes se manifiesten de manera pacífica y permitir la intervención de la Fuerza Pública cuando se presenten agresiones, bloqueos o hechos que constituyan delitos. La norma todavía requiere la firma del mandatario para quedar oficializada.
Durante una alocución, De la Espriella sostuvo que el Gobierno debe garantizar el derecho constitucional a la protesta y que las autoridades no deben intervenir contra quienes marchen sin agredir. También señaló que el diálogo será la regla, mientras que la respuesta frente a conductas delictivas deberá darse conforme a la ley y con pruebas.
El mandatario cuestionó a quienes convocaron la movilización y aseguró que buscan generar caos y desestabilizar al Gobierno. Sus declaraciones se producen en medio de las dudas expresadas por sectores de oposición sobre el alcance del decreto y las garantías para la protesta.
Medidas para las movilizaciones
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que las autoridades coordinarán con los organizadores y las entidades territoriales las medidas de movilidad, prevención y atención de emergencias. Según el funcionario, el objetivo es focalizar los puntos de violencia y contenerlos sin afectar a quienes participen pacíficamente.
Lara también informó que habrá monitoreo en Valle, Cauca y Nariño. En particular, el Gobierno advirtió que no permitirá bloqueos en Remolinos, en Taminango, ni en las vías hacia Ipiales y Túquerres, al tiempo que planteó garantizar el tránsito por la carretera Panamericana.
El ministro resumió la posición oficial en dos principios: respeto por la protesta pacífica y tolerancia cero frente a la violencia. La Fuerza Pública recibió la instrucción de actuar bajo el principio de proporcionalidad y de responder conforme al marco legal.
El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda anunciaron su participación en la jornada. Algunos sindicatos respaldaron la convocatoria, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) informó que no asistirá.