Los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia, Iván Cancino, radicaron ante el Congreso el proyecto de ley denominado Ley de Acogimiento, una iniciativa que crea una ruta judicial para el desarme, desmantelamiento y sometimiento de grupos armados criminales.
El proyecto modifica la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y plantea un cambio frente a las disposiciones de la Ley de Paz Total. La propuesta elimina la posibilidad de otorgar estatus político o negociar las causas de las organizaciones armadas, que serían consideradas actores armados ilegales o terroristas.
Dos etapas para el sometimiento
La ruta propuesta tendría una fase administrativa, coordinada por el Ministerio de Justicia, con una duración máxima de tres meses y una posible prórroga por el mismo periodo. En esa etapa se definirían las condiciones para el desarme, la entrega de bienes y la liberación inmediata de personas secuestradas y menores reclutados.
Después comenzaría una fase de judicialización ante la justicia ordinaria, bajo el procedimiento especial previsto en la Ley 1908 de 2018. El proceso tendría el respaldo de una unidad especializada de la Fiscalía, con equipos del CTI y la DIJIN.
La iniciativa establece que no se suspenderían las órdenes de captura ni los trámites de extradición. También mantendría las operaciones de la Fuerza Pública y exigiría que la comunicación entre el Estado y los integrantes de las organizaciones se realice mediante un abogado externo al grupo criminal.
Rebajas de pena condicionadas
El proyecto contempla una rebaja del 50 % de la pena para combatientes de base y del 30 % para líderes o mandos. En este último caso, la sanción efectiva no podría ser inferior a 10 años de prisión.
Las personas que se sometan durante los primeros 180 días de vigencia de la ley y respondan por delitos menores podrían acceder a la suspensión condicional de la pena desde la sentencia. Para obtener la libertad condicional, la regla general sería cumplir cuatro quintas partes de la condena.
Ese requisito podría reducirse a dos quintas partes cuando la información entregada permita ubicar a personas desaparecidas o desarticular redes de corrupción y nexos políticos ilícitos. La propuesta también contempla que la privación de la libertad pueda cumplirse en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas.
El texto ordena tener en cuenta la opinión de las víctimas y establece que los bienes de origen ilícito entregados por las personas acogidas no serán devueltos. De aprobarse, la ley entraría en vigor desde su promulgación y tendría una duración de 10 años.
El Gobierno anunció que la iniciativa será tramitada en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes mediante mensaje de urgencia.