El Gobierno nacional propuso modificar la forma en que se tramitan los grandes proyectos de infraestructura y energía en Colombia. Un borrador de decreto permitiría que la consulta previa con comunidades étnicas y la evaluación de las licencias ambientales avancen de manera simultánea, en lugar de desarrollarse como etapas sucesivas.
La iniciativa fue presentada por los ministerios del Interior y de Ambiente y todavía se encuentra en etapa de comentarios, por lo que no está vigente. El objetivo declarado es reducir los tiempos de espera y evitar que los procedimientos administrativos se prolonguen por la dependencia entre un trámite y otro.
El proyecto establece, sin embargo, que la licencia ambiental no podrá otorgarse ni negarse hasta que se haya definido y concluido la consulta previa cuando esta sea obligatoria. La propuesta tampoco elimina ese derecho ni autoriza a las empresas a comenzar obras de forma inmediata.
Con el nuevo esquema, las autoridades ambientales podrían realizar visitas al área de influencia, solicitar documentos y pedir conceptos técnicos mientras continúa el diálogo con las comunidades. El Gobierno sostiene que esta revisión paralela podría generar ahorros de hasta dos años en algunos proyectos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, mencionó como posibles beneficiarios el desarrollo gasífero Sirius, la Línea Colectora y proyectos de generación renovable en La Guajira. Sirius, desarrollado por Ecopetrol y Petrobras en el mar Caribe, requeriría alrededor de 120 consultas previas, según las cifras expuestas por el funcionario.
La Línea Colectora busca conectar al Sistema Interconectado Nacional parte de la generación eólica y solar proyectada para La Guajira. Su desarrollo ha enfrentado demoras asociadas con trámites, consultas y coordinación entre las entidades responsables.
“Menos trámites, más eficiencia, sin bajar las exigencias ambientales. Pusimos a consulta pública un proyecto de decreto que permitiría adelantar simultáneamente la consulta previa y el licenciamiento ambiental”, afirmó Fabio Arjona, ministro de Ambiente.
El vicepresidente, José Manuel Restrepo, defendió la propuesta como una forma de ordenar los procedimientos y ofrecer mayor seguridad jurídica. “Destrabar no significa pasar por encima de nadie. Significa que los procesos tengan reglas, tiempos y responsables”, señaló.