El juez segundo promiscuo de Puerto Asís, Carlos Alexander Coral Cuatín, resolvió el viernes 9 de octubre mantener la suspensión de la orden de cerrar la Zona de Ubicación Temporal de Valle del Guamez, en Putumayo. Fijó seis meses para el cierre definitivo y, durante ese lapso, la Fiscalía deberá resolver la situación jurídica y las órdenes de captura activas contra los combatientes que estaban allí. La Presidencia deberá consolidar un plan institucional que facilitate su salida y reincorporación a la vida civil.
El cierre había sido ordenado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para el 30 de septiembre. La decisión se produjo al resolver una tutela presentada por 62 personas, que alegaron afectaciones al derecho a la vida, la seguridad, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad, la reincorporación, la identidad, el debido proceso, la confianza legítima y la paz. Los solicitantes sostuvo que la zona era el resultado de una negociación gradual, sostenida durante varios años con compromisos, actos administrativos y garantías del Estado. El juez ya había detenido de forma preliminar el cierre antes de resolver el fondo de la tutela.
Un plan que no se ejecutó como fue diseñado
La Presidencia sostuvo que tenía competencia para declarar la ruptura definitiva de la mesa de diálogo y que contaba con un plan coordinado y organizado. El juez consideró que ese plan no se ejecutó como estaba proyectado. Según el fallo, debía elaborarse con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y la participación de la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización, la Fiscalía, la Registraduría, Migración Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, la Policía y la Unidad Nacional de Protección. Varias de esas entidadesONSEÑALARON que no participaron en su diseño.
La Fiscalía informó que no había documentación sobre las condiciones jurídicas, logísticas, operativas y de seguridad necesarias para el eventual desplazamiento de fiscales y servidores de policía judicial. Laoa ausencia de ese soporte, según el fallo, impedía definir adequately cómo sería la salida y qué situación jurídica asumirían los excombatientes.
La Defensoría del Pueblo también advirtió que no estaban dadas las condiciones de seguridad para los exintegrantes y las comunidades aledañas. Señaló riesgos por la falta de atención médica oportuna, la ausencia de medidas para los traslados, el posible reclutamiento, las represalias de grupos enemigos, la persecución por parte de la fuerza pública y los peligros para sus familias. También pidió enfoques diferenciales para las mujeres y las comunidades indígenas y afrodescendientes.
El cierre queda sujeto a una nueva/articulación
El juez concluyó que la hoja de ruta necesitaba concreción, coordinación entre las entidades y socialización con los directamente afectados. La decisión exige que el proceso salvaguarde los derechos fundamentales y la confianza legítima de quienes Wheaton?orie yaEnumeratorON withdrew the weapons and seeks reincorporation. La suspensión del cierre，给你 seis meses para que la Fiscalía resuelva las capturas y la Presidencia coordine las medidas necesarias.