Colombia volvió a adherirse al Consenso de Ginebra, una declaración política internacional que cuestiona la existencia de un derecho internacional al aborto. El anuncio fue hecho el 8 de octubre por Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos, durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La decisión no modifica la legislación colombiana sobre el aborto ni cambia la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Tampoco altera las obligaciones que el Estado ha adquirido mediante tratados internacionales de derechos humanos, de acuerdo con el análisis de María Cecilia Ibáñez, experta en derecho internacional y asesora sénior del Centro de Derechos Reproductivos.
Una declaración política, no un tratado
El Consenso de Ginebra fue creado en 2020, durante el primer Gobierno de Donald Trump, con el respaldo inicial de países como Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. Aunque su nombre alude a la salud de las mujeres y al fortalecimiento de la familia, el documento sostiene que los Estados no están obligados a promover o facilitar el aborto y defiende su capacidad para definir políticas propias sobre el tema.
Ibáñez explicó que el documento no fue adoptado por Naciones Unidas ni constituye un tratado internacional. Por esa razón, la adhesión colombiana no genera nuevas obligaciones jurídicas, pero sí expresa el respaldo del Gobierno a un grupo de países que busca coordinar posiciones en escenarios internacionales.
Colombia ya había firmado el Consenso en 2022, durante el Gobierno de Iván Duque, también con Ordóñez como uno de sus impulsores ante la OEA. El Gobierno de Gustavo Petro retiró al país de la declaración pocos meses después de asumir la Presidencia.
La tensión con la jurisprudencia colombiana
La experta consideró que la nueva postura internacional no está alineada con la interpretación de la Corte Constitucional, tribunal que ha reconocido el aborto como un derecho a través de más de 30 decisiones desde 2006. Según explicó, ese reconocimiento está relacionado con la protección de la vida, la salud, la dignidad humana, la igualdad y la libertad.
Ibáñez señaló que el Gobierno tiene margen para definir su política exterior, pero debe ejercerlo dentro del marco constitucional y legal. En su opinión, cuestionar el aborto como derecho puede contribuir a generar barreras de acceso, desinformación y estigmatización, aunque la adhesión al Consenso no cambie por sí misma las normas internas.
Sobre la afirmación de que el aborto no debe promoverse como método de planificación familiar, la experta sostuvo que se trata de asuntos distintos. Explicó que la planificación familiar busca garantizar decisiones libres sobre la maternidad mediante información y anticonceptivos, mientras que el aborto responde a circunstancias particulares y debe garantizarse como servicio de salud.
Un giro más amplio en la política exterior
La adhesión se suma a otras decisiones del Gobierno, como el retiro de Colombia de la Equal Rights Coalition y el distanciamiento del concepto de derechos sexuales y reproductivos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para Ibáñez, estas medidas reflejan un cambio conjunto en la orientación internacional del país frente a los derechos humanos, el género y la población LGBTIQ+.
La experta también advirtió que las convicciones religiosas de los funcionarios deben diferenciarse de las obligaciones del Estado. Recordó que Colombia es un país laico y pluralista, por lo que la política exterior debe mantenerse dentro de la Constitución, la legislación y los compromisos internacionales vigentes.