La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra servidores públicos por posibles irregularidades en el proceso contractual de la Alcaldía de Tunja para organizar y realizar la edición 71 del Aguinaldo Boyacense, prevista para 2026.
El organismo disciplinario revisará la estructuración de los estudios previos y la selección del contratista. De acuerdo con la información conocida, podrían haberse vulnerado los principios de transparencia y planeación contractual por la falta de reglas claras y precisión en los costos y la calidad del servicio.
La Procuraduría solicitó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si existió una falta disciplinaria. La apertura de la indagación no establece responsabilidades definitivas.
Un contrato de 10.000 millones de pesos
La edición 71 del Aguinaldo Boyacense se realiza tradicionalmente en la Plaza de Bolívar de Tunja. Durante siete días, el evento incluye desfiles de carrozas, novenas, comparsas, cabalgatas, disfraces, conciertos, competencias deportivas, concursos infantiles y verbenas musicales.
El presupuesto del contrato asciende a 10.000 millones de pesos. Hace tres meses, la concejal Laura Silva cuestionó el proceso y anunció un debate de control político para pedir explicaciones a la administración municipal.
Según la cabildante, la convocatoria permaneció abierta durante cinco días calendario, de los cuales solo dos eran hábiles. También señaló que la adjudicación estaba prevista para la misma semana de las elecciones atípicas del 26 de julio, convocadas para elegir alcalde después de la destitución de Mikhail Krasnov.
Silva también cuestionó la distribución de los recursos. Afirmó que más de 7.500 millones de pesos del contrato estarían destinados a la contratación de artistas internacionales, mientras el sector cultural de Tunja, según su denuncia, no habría recibido recursos durante 2026.