El liquidador del Ministerio de Igualdad, Jhon Milton Rodríguez, denunció que la Estrategia Salvia y la Línea 155 — dos iniciativas para prevenir los feminicidios y las violencias basadas en género — presentaban problemas contractuales, laborales y presupuestales que comprometían su continuidad.
Según explicó, los contratos de los programas estaban vencidos, los equipos de trabajo acumulaban dos meses sin recibir salarios ni primas de servicios y sus integrantes no contaban con afiliación al sistema de seguridad social ni a una administradora de riesgos laborales (ARL). En su versión, eso se lo atribuyó a la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro, por haber abandonado las iniciativas.
A esa situación se sumó la falta de asignación presupuestal para la Estrategia Salvia durante las vigencias de 2026 y 2027, una condición que —advirtió el funcionario— ponía en riesgo la ruta de atención y respuesta para las mujeres víctimas de violencia.
Plan de saneamiento y traslado al Interior
Tras conocer el panorama, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó —según Rodríguez— poner en marcha un plan de saneamiento que contempla el pago de salarios, primas y prestaciones sociales pendientes, además de la gestión de los recursos públicos necesarios para respaldar la continuidad de los programas.
Como parte de esas medidas, el Gobierno adelanta mesas interministeriales para que el Ministerio del Interior, dirigido por Rodrigo Lara, asuma las dos iniciativas.
Rodríguez sostuvo que el propósito es recuperar y organizar los programas y afirmó que el compromiso del Gobierno con la vida y la dignidad de las mujeres debe reflejarse en soluciones concretas.