La medida busca oficializar las coordenadas desde las cuales se medirán los espacios marítimos del archipiélago. El Gobierno sostiene que el decreto aportaría precisión técnica para la navegación, la vigilancia y la gestión de las aguas que rodean a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque sus efectos dependerán del texto definitivo y del derecho internacional.