Transparencia por Colombia pidió reforzar los controles sobre los recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto de 2026, luego de identificar 768 contratos por aproximadamente $201.800 millones entre el 11 de agosto y el 12 de octubre.
Los procesos fueron celebrados por 153 entidades en 103 municipios de 12 departamentos. El principal motivo de preocupación es que 630 contratos, equivalentes al 82% del total, se adjudicaron mediante contratación directa. Estos negocios concentran cerca de $170.000 millones, el 83,5% del valor contratado.
El informe también señala que el 60% de los contratos se financia con recursos propios de las entidades. Además, el 97% corresponde a entidades territoriales: 89 alcaldías concentran el 64,5% de los procesos y el 40% de los recursos, unos $80.400 millones.
La fase de recuperación y reconstrucción representa el 41,9% de los contratos, pero concentra el 68,6% del valor total contratado.
Poca presencia de entidades nacionales en los registros
Transparencia por Colombia encontró que solo cinco de los 768 contratos corresponden a entidades del orden nacional, incluido el relacionado con el Fondo Milagro. Para la organización, este dato muestra una brecha entre las acciones anunciadas por el Gobierno y lo que puede verificarse directamente en los registros de contratación.
La entidad aclaró que esta situación no demuestra por sí sola que el Gobierno nacional no esté interviniendo. Algunos recursos podrían ejecutarse mediante transferencias, fondos especiales, patrimonios autónomos u otros mecanismos cuya trazabilidad no resulta evidente en el SECOP.
Entre las decisiones administrativas revisadas aparecen 117 medidas para atender la emergencia: 60 nacionales y 57 territoriales, entre decretos, circulares, ordenanzas y resoluciones.
El Fondo Milagro fue creado para administrar buena parte de los recursos. El 5 de octubre de 2026, el Ministerio de Hacienda firmó con FIDUCOLDEX el contrato de fiducia mercantil para constituir y administrar ese patrimonio autónomo, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1379 de 2026.
Medidas propuestas para reducir riesgos
Tras revisar el contrato y su decreto reglamentario, Transparencia por Colombia destacó medidas como publicar los procesos en el SECOP antes de firmar los contratos, establecer un Consejo Directivo para orientar las intervenciones y aprobar presupuestos, realizar auditorías independientes y mantener el control fiscal de la Contraloría.
También recomendó aplicar procedimientos SARLAFT, prevenir conflictos de interés y garantizar la trazabilidad de la información sobre los recursos y sus beneficiarios.