La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra seis funcionarios del Inpec por presuntas irregularidades relacionadas con una parranda vallenata realizada el 8 de abril de 2026 en el Complejo Penitenciario y Carcelario con Alta y Media Seguridad de La Paz, en Itagüí, Antioquia.
Entre los investigados está el teniente Fabián Leandro León Rodríguez, director encargado del penal al momento de los hechos. También fueron vinculados los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.
Según la investigación, se habrían presentado omisiones en los registros y reportes relacionados con el ingreso y la salida de una agrupación vallenata, que incluía al cantante Nelson Velásquez. La Procuraduría también busca establecer en qué circunstancias se permitió la permanencia del grupo musical dentro del penal.
Investigación disciplinaria y copias a la Fiscalía
Las conductas atribuidas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas y cometidas a título de dolo. El pliego de cargos permitirá determinar si las presuntas omisiones constituyeron faltas disciplinarias y establecer la responsabilidad individual de los funcionarios.
La Procuraduría también abrió una investigación contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao por presuntas irregularidades en un informe sobre aparentes fallas del sistema Sisipec 1 y de la red del Inpec para controlar los movimientos dentro de la cárcel.
Además, el organismo compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de los tenientes Ciprián Díaz, Fracica Sarmiento y León Rodríguez.
Dos dragoneantes, Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, aceptaron responsabilidad por no realizar las anotaciones y registros correspondientes en los libros del penal. Al acogerse al beneficio de confesión, podrían obtener una rebaja de hasta el 50 % en la eventual sanción, según explicó el Ministerio Público.
La Fiscalía abrió el 14 de abril una indagación preliminar por los mismos hechos para establecer si funcionarios del Inpec habrían incurrido en prevaricato por omisión. El ente acusador también evalúa la posible existencia de otros delitos relacionados con presuntos actos de corrupción.