La Corte Constitucional concluyó que las órdenes que ha impartido durante los últimos nueve años para superar la falta de agua potable, alimentación y salud de la niñez wayuu en La Guajira siguen sin cumplirse. Tras una visita a la zona el 13 de octubre, el tribunal determinó que persiste la vulneración masiva y sistemática de derechos que lo llevó a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en 2017 y fijó plazos concretos al gobierno de Abelardo de la Espriella.
El auto, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, advierte que el nuevo Ejecutivo puede revisar y reformular el Plan Estructural de Acción (PEA), pero no desconocerlo como punto de partida ni suprimir acciones, reducir metas, coberturas o indicadores, ni eliminar fuentes de financiación ya identificadas. La continuidad institucional, señala, es una garantía para la niñez wayuu.
Una crisis que no cede
Los datos que sustentan la decisión son contundentes. Según el SIVIGILA, en los cuatro municipios priorizados, Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, se registraron 142 fallecimientos en 2025 por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda o desnutrición aguda. De forma preliminar, al 23 de octubre de 2026 se habían notificado 61 muertes.
A eso se suma que muchas obras de agua financiadas con recursos públicos están fuera de servicio. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportó que no operan 20 de 60 infraestructuras inspeccionadas en Manaure, cuatro de 14 en Uribia, una en Maicao y dos en Riohacha, una brecha entre la obra construida y el agua que realmente llega a las comunidades.
Plan incompleto y representación pendiente
La Corte también encontró que no existe un PEA definitivo. El que presentó la administración anterior contempla 65 acciones y 156 indicadores, pero los órganos de control le señalaron deficiencias metodológicas y técnicas en la definición de indicadores, la financiación, la trazabilidad de resultados y la articulación con los objetivos constitucionales. Tampoco hay una línea base poblacional y territorial confiable, y el Registro Multidimensional Wayuu del DANE alcanzó una cobertura aproximada del 70 %.
En materia de representación, el Ministerio del Interior admitió que el estudio etnológico ordenado por la Sentencia T-172 de 2019 aún no ha terminado y que solo cuatro de los 40 delegados del pueblo wayuu previstos para el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP) han sido designados.
Los plazos que fijó el tribunal
El Gobierno tendrá cinco días hábiles para remitir al DNP y al Ministerio de Hacienda el borrador del PEA radicado el 29 de julio de 2026 y sus matrices de priorización, y otros cinco para que el Ministerio del Interior presente el cronograma del estudio etnológico. La Consejería Presidencial para las Regiones tiene diez días hábiles para entregar una ruta crítica de consolidación del plan y la misma cantidad para la ruta de participación efectiva en wayuunaiki.
En 20 días debe estar lista la metodología de focalización de beneficiarios a cargo de MinVivienda, MinAgricultura, el ICBF y las entidades territoriales, y en 30, el inventario de infraestructura hídrica inoperante con su plan de intervención, además de la sesión de verificación del MESEPP con representantes wayuu. La adopción definitiva del PEA está comprometida para mayo de 2027 y la sesión extraordinaria del mecanismo quedó anunciada para la última semana de noviembre de 2026.