La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo interventor de Nueva EPS, la EPS más grande del país. Gutiérrez, que hasta hace pocos días dirigía el gremio Gestarsalud, reemplaza a Roberto José Tercero Solano Navarro, cuyo plan de trabajo no fue aprobado por el regulador. La decisión quedó formalizada en la Resolución 2026320000011364-6 del 17 de noviembre de 2026.
Quién es el nuevo interventor
Gutiérrez es odontólogo de la Universidad Nacional y especialista en seguridad social. Fue director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta octubre de 2022, gerente de Capital Salud y participó en la implementación de Famisanar y de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Tendrá cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, para aceptar el cargo y posesionarse.
La designación llega en un momento complejo para la entidad, que sigue bajo intervención forzosa administrativa y enfrenta dificultades financieras y problemas en la prestación de servicios de salud. El interventor saliente, según la resolución, no logró la aprobación de su plan de trabajo tras las observaciones y ajustes formulados por la Supersalud.
Las tareas urgentes
La hoja de ruta fijada por el regulador tiene varios frentes. En el financiero, Gutiérrez deberá reconstruir y aprobar los estados financieros y contables, actualizar la información económica y presentar una estrategia de recuperación con resultados verificables. Ese ejercicio tendrá que conciliar cuentas por pagar, reservas, flujo de caja, facturación radicada y pendiente de procesar, costos médicos, glosas y anticipos, y proyectar el costo y la siniestralidad sin trasladar a hospitales y prestadores los problemas de gestión de la EPS.
En el componente asistencial, la Supersalud le ordenó hacer en un máximo de 30 días hábiles una depuración y caracterización epidemiológica de los afiliados, con especial atención a pacientes crónicos, de alto costo y a la población materno-perinatal. Con ese diagnóstico deberá articular las rutas integrales de atención y verificar que la red contratada tenga la capacidad y la oferta necesarias para responder en cada territorio.
La reorganización de la red también es prioridad: la resolución exige formalizar el 100 % de los vínculos contractuales con prestadores públicos y privados, bajo un modelo de red integral que evite que los problemas administrativos interrumpan los tratamientos.
Medicamentos, auditoría y tutelas
En medicamentos, el nuevo interventor deberá diseñar y ejecutar un plan operativo de cobertura farmacéutica que reduzca progresivamente los pendientes y garantice la entrega de las tecnologías prescritas dentro de las 48 horas siguientes a su formulación. También deberá poner en funcionamiento una central de referencia con capacidad de decisión inmediata para gestionar la disponibilidad de camas, las remisiones de urgencia y los traslados asistenciales.
El acto administrativo pide reestructurar la auditoría médica con énfasis en pertinencia clínica y seguridad del paciente, eliminar barreras administrativas para la atención de pacientes con cáncer, modernizar las plataformas de información y establecer un panel de control con indicadores de oportunidad, pertinencia y continuidad, cuyos resultados deberán auditarse y remitirse cada 15 días a la Supersalud.
A la lista se suman obligaciones sobre el cumplimiento de fallos de tutela y decisiones judiciales, y medidas para corregir incumplimientos y riesgos jurídicos derivados de los acuerdos con prestadores y proveedores de tecnologías en salud. El plan de trabajo deberá presentarse a más tardar durante el mes siguiente a la posesión y ser aprobado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas.