La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo de Santander considerar una medida cautelar para que el Ministerio de Ambiente defina, antes del 4 de marzo de 2027, cómo continuará la protección temporal del páramo de Santurbán.
La solicitud aparece después de que Minambiente revocara la resolución que había extendido esa protección hasta 2029. Con la revocatoria, la figura no desapareció, pero su fecha de vencimiento volvió a ser el 4 de marzo de 2027.
Santurbán está ubicado entre Norte de Santander y Santander: el 72 % del páramo pertenece al primer departamento y el 28 % al segundo. El caso hace parte de una acción popular que busca proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con el agua y el ambiente.
La controversia por el proyecto Soto Norte
La discusión se desarrolla en medio de la controversia por el proyecto de explotación minera Soto Norte, de la compañía Aris Mining. El 2 de septiembre de 2026, un grupo de demandantes pidió al tribunal medidas cautelares para prevenir posibles afectaciones ambientales asociadas a la iniciativa.
Entre las solicitudes está que las autoridades ambientales se abstengan de otorgar licencias, permisos o modificaciones relacionados con Soto Norte mientras se resuelve el proceso. También se pidió mantener la protección temporal del territorio, avanzar en la protección definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja y adoptar medidas para reducir los riesgos sobre el sistema hídrico.
Los demandantes sostienen que desde junio de 2025, cuando el Tribunal negó medidas cautelares anteriores, cambió el panorama jurídico y técnico del proyecto. Entre los elementos mencionados están avances que la empresa habría anunciado y nuevos estudios del Servicio Geológico Colombiano sobre las conexiones entre las aguas del páramo y las zonas con labores mineras.
La posición de la Procuraduría
La reserva temporal fue creada por el Ministerio de Ambiente en 2025 para proteger determinadas áreas de Santurbán mientras se adelantaban estudios técnicos sobre su ordenamiento ambiental. En agosto de 2026, Minambiente prorrogó su vigencia hasta marzo de 2029, pero la decisión fue revocada el 28 de septiembre mediante la Resolución 1277.
Para la Procuraduría, la revocatoria obedeció a un asunto procedimental y no a una evaluación técnica o científica que descartara las razones de protección. Por eso pidió que el tribunal ordene al Ministerio adelantar y culminar el procedimiento administrativo necesario para adoptar, antes del vencimiento, una decisión expresa y motivada.
El Ministerio Público señaló que todavía están pendientes estudios sobre el ciclo del agua, las zonas de recarga hídrica, la calidad del recurso y las medidas de conservación y ordenamiento que requiere el territorio. También sostuvo que la falta de certeza científica absoluta sobre un riesgo grave e irreversible no debe utilizarse para aplazar medidas eficaces de protección.
La medida solicitada no busca imponer una solución técnica específica, según la Procuraduría, sino evitar que la respuesta institucional llegue después de que expire la protección vigente y se produzca un vacío que pudiera prevenirse mediante una decisión oportuna.