La Fiscalía inició la audiencia de legalización de capturas y allanamientos contra cinco policías vinculados a la muerte de Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, entre la localidad de Ciudad Bolívar y Soacha.
El ente investigador busca imputar a los uniformados por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. La diligencia se desarrolla ante el Juzgado 02 Penal de Control de Garantías.
La investigación sobre el procedimiento
Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre, cuando Balanta fue reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá. La investigación busca establecer la responsabilidad de los patrulleros, un subintendente y un mayor en las agresiones que habría sufrido durante el procedimiento.
Según la información incorporada al proceso, Balanta habría recibido golpes y varias descargas de un dispositivo Taser, incluso dentro de la estación. Allí habría permanecido cerca de 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho, mientras solicitaba atención médica que, de acuerdo con la investigación, no habría sido atendida oportunamente.
La necropsia constató lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, además de golpes y otras heridas. Medicina Legal registró como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica. Sin embargo, el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten establecer, por sí solos, una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento.
Los cinco uniformados vinculados
Entre los procesados está el patrullero Johathan Alexánder Giraldo, de 27 años, señalado de accionar repetidamente el Taser contra Balanta. También fueron vinculados los patrulleros Santiago Vargas Romero, de 23 años, y Nahumer Hernando Vergel, de 22; el subintendente Henar Tapiero Tique, de 41; y el mayor Roque Correa Yáñez, de 38.
Con la nueva captura, son cinco los uniformados vinculados a la investigación. La audiencia permitirá avanzar en la formulación de cargos, pero no representa una condena. La responsabilidad individual de cada policía deberá establecerse durante el proceso penal.