La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que los compromisos presentados por Claro, a través de Comunicación Celular (Comcel), no serían suficientes para proteger la competencia en caso de que se autorice su integración con Azteca Comunicaciones.
La operación permitiría a Claro incorporar cerca de 32.000 kilómetros de fibra óptica distribuidos en 893 municipios. La red es utilizada actualmente por cientos de proveedores de internet y más de 250 operadores podrían verse afectados por las condiciones de acceso a esa infraestructura.
En un concepto técnico enviado a la SIC el 20 de octubre, la CRC señaló que algunas medidas ofrecidas por Comcel corresponden a obligaciones que ya están previstas en la ley. También cuestionó que otras tengan una vigencia limitada o no incluyan mecanismos claros para verificar su cumplimiento.
Los riesgos identificados por la CRC
El análisis del regulador encontró que, en 778 de las 874 rutas estudiadas, Comcel quedaría como único proveedor de la infraestructura. En otras 33 rutas, la única alternativa disponible sería una red perteneciente a la misma compañía.
La CRC también identificó 582 municipios donde quedaría un solo proveedor para transportar datos y otros 104 con pocas alternativas. Según la entidad, el riesgo no se limita a una eventual negativa de acceso: también podría haber demoras en la instalación de conexiones, las ampliaciones de capacidad o las reparaciones.
La Comisión reconoció que la integración podría ayudar a conservar y mejorar la red de fibra óptica de Azteca. Sin embargo, insistió en que los compromisos deben impedir que Claro obtenga ventajas frente a sus competidores por controlar una infraestructura que otros operadores necesitan para prestar sus servicios.
Controles solicitados antes de la decisión
Ante estos riesgos, la CRC recomendó establecer controles independientes para revisar las condiciones de acceso, la calidad del servicio y los tiempos de atención y reparación. También cuestionó que algunas de las garantías propuestas tengan una duración de apenas tres años, pues los riesgos podrían mantenerse mientras Claro controle la infraestructura.
La decisión final corresponde a la SIC. Esa entidad deberá evaluar los compromisos presentados por Comcel y las recomendaciones de la CRC antes de determinar si autoriza la operación y bajo qué condiciones.