La extorsión en Colombia dejó de ser principalmente un fenómeno rural asociado al conflicto armado y pasó a concentrarse en entornos urbanos. Un informe de Asocapitales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), elaborado con datos del sistema SIEDCO de la Policía Nacional, contabilizó 111.186 casos entre 2010 y 2025.
El documento señala que las 32 ciudades capitales reúnen entre el 53% y el 57% de los casos del país. En esas ciudades, el 97,9% de los hechos ocurre en zonas urbanas, mientras que el 79,1% se registra en vías públicas, un dato que el informe relaciona con el control de corredores comerciales.
Los registros muestran un crecimiento acelerado entre 2010 y 2013, cuando los casos pasaron de 1.352 a 4.805. Después de una etapa de estabilización entre 2014 y 2016, el delito volvió a aumentar hasta alcanzar un máximo histórico de 13.869 casos en 2024.
En 2025 se reportaron 13.428 casos, un 3,2% menos que el año anterior. En las capitales, la reducción fue del 7,3%. Sin embargo, el informe advierte que los niveles siguen siendo históricamente altos. Entre enero y abril de 2026 ya se habían registrado 3.936 casos, un 8% más que en el mismo periodo de 2025, lo que permitiría proyectar cerca de 14.502 casos para todo el año.
Las llamadas y las redes sociales concentran las denuncias
La llamada telefónica fue la modalidad más frecuente en las capitales durante 2025, con el 48,8% de los casos. Los registros pasaron de 1.665 en 2016 a 3.559 en 2025, un aumento del 113,8%. Según la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, cerca del 70% de esas llamadas se origina en cárceles bajo responsabilidad del Inpec.
La extorsión mediante redes sociales también ganó peso. Representaba el 7,6% de los casos en capitales en 2016, llegó al 29,3% en 2020 y actualmente se ubica alrededor del 18,6%. El informe menciona el uso de WhatsApp, Facebook e Instagram para enviar amenazas con mayores dificultades de rastreo.
El documento cita además tres modalidades digitales identificadas por Interpol: ransomware, sextorsión y ataques DDoS contra empresas. El uso de inteligencia artificial, agrega, puede sofisticar las estrategias de engaño.
La extorsión directa, por su parte, bajó de 1.704 casos en 2024 a 1.050 en 2025. Asocapitales plantea dos posibles lecturas: una mayor eficacia del control territorial de la Policía o el desplazamiento de los delincuentes hacia modalidades menos visibles.
El informe pide respuestas diferenciadas por ciudad
Asocapitales y el DNP identifican cuatro factores estructurales: la presencia de grupos armados y bandas que usan la extorsión para financiarse, las limitaciones de las cárceles para neutralizar el delito, el uso indebido de tecnologías de la información y el control territorial de actores criminales.
El informe advierte que algunas capitales presentan reducciones importantes, mientras otras registran aumentos acelerados. Por esa razón, recomienda que los Planes Integrales de Seguridad se diseñen según las condiciones de cada territorio y no mediante estrategias uniformes.
El documento también señala una división de responsabilidades: los alcaldes son la primera autoridad de policía y tienen responsabilidad política, pero la investigación corresponde a entidades nacionales como la Fiscalía y el Inpec. A esto se suman las diferencias entre los registros del SIEDCO y las noticias criminales de la Fiscalía, que pueden producir subregistros o dificultades para distinguir la extorsión de conductas como el paseo millonario, la usura y algunas estafas.
Entre las recomendaciones están fortalecer la prevención, el análisis criminal, la atención a las víctimas y la denuncia, con coordinación entre alcaldías, Fiscalía, Policía y Gaula. A nivel nacional, el informe propone unificar los criterios de registro y avanzar hacia un documento CONPES especializado, con responsabilidades, metas, financiación y mecanismos permanentes de coordinación.