La Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad el asesinato del magistrado Álvaro Medina Ochoa, ocurrido el 8 de abril de 1985 en Medellín. El funcionario fue atacado por sicarios vinculados al cartel de Medellín, después de confirmar decisiones judiciales contra integrantes de esa organización.
La decisión fue conocida el 13 de octubre de 2026, 41 años y seis meses después del homicidio. Ricardo Medina Giraldo, hijo del magistrado, había solicitado durante los últimos 14 años que se reabriera el expediente y que el crimen no quedara impune.
Un año de amenazas antes del asesinato
Según el relato de su hijo, las amenazas comenzaron en 1984. En la vivienda familiar dejaban sufragios, llamaban al despacho del magistrado y mencionaban los lugares donde estudiaban sus hijos y trabajaba su esposa.
Medina Ochoa se movilizaba sin escolta el día del ataque porque el agente encargado de acompañarlo había pedido permiso. Al llegar a su casa, un sicario descendió de una motocicleta y le disparó en el corazón. Su esposa lo trasladó a un hospital, mientras Ricardo, que tenía ocho años, observó parte de lo ocurrido desde una ventana.
El magistrado había nacido y crecido en Medellín, estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana y comenzó su carrera como juez en Barrancabermeja y Envigado. Más adelante fue juez en Medellín y llegó joven al Tribunal Superior de esa ciudad.
Un expediente cerrado durante décadas
La Fiscalía cerró el proceso en 1991. Medina Giraldo considera que el miedo que enfrentaba la justicia en esa época dificultó las investigaciones contra los carteles del narcotráfico. Hace aproximadamente un año, el fiscal Mauricio Javier Ponce asumió el expediente y posteriormente declaró los hechos como de lesa humanidad.
El hijo del magistrado afirmó que la decisión puede permitir que el caso avance bajo el principio de imprescriptibilidad. También cuestionó que las víctimas del narcotráfico no estén incluidas, según su interpretación, en el mismo marco de reconocimiento estatal aplicado a otras víctimas del conflicto.
Medina Giraldo mencionó a Fabio Ochoa y Carlos Lehder como personas que eventualmente podrían ser llamadas a declarar, aunque aclaró que esa determinación corresponde a la Fiscalía. Su principal reclamo es que la memoria pública no se concentre únicamente en los grandes jefes del narcotráfico, sino también en los funcionarios y familias afectados por sus acciones.