La agenda de la justicia colombiana tuvo decisiones y avances en varios procesos durante esta semana. La Corte Suprema confirmó condenas relacionadas con el cartel de la toga, la Fiscalía anunció actuaciones contra personas investigadas por distintos delitos y la Jurisdicción Especial para la Paz eligió a su nuevo presidente.
Condenas por el cartel de la toga
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión. El alto tribunal ordenó expedir una orden de captura y el exfuncionario se entregó el lunes 19 de octubre en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
El proceso se originó en reuniones que Tarquino sostuvo con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus entre septiembre y octubre de 2014. Según la investigación, en dos de esos encuentros pidió dinero a cambio de facilitar acercamientos con personas o funcionarios que conocían los procesos contra el exmandatario.
La Corte Suprema también confirmó la condena de 10 años contra el exmagistrado José Leónidas Bustos Martínez, quien permanece en Canadá desde 2019. El Ministerio de Justicia informó que inició las gestiones para solicitar su extradición y que regrese a Colombia a cumplir la pena.
Avanza el caso por el envenenamiento con talio
La Fiscalía radicó la solicitud de imputación contra Zulma Guzmán, señalada como presunta responsable del envenenamiento con talio de tres menores y un adulto en Bogotá. Los delitos anunciados son homicidio y tentativa de homicidio.
El ente investigador pidió que la audiencia se realice de manera virtual, debido a que Guzmán se encuentra en Reino Unido mientras avanza el trámite de extradición. La Fiscalía sostiene que la mujer estaría relacionada con la entrega de unas frambuesas a una familia el 3 de abril de 2025, un día antes de los hechos investigados.
Otras investigaciones y decisiones judiciales
El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional conservar las piezas retiradas de sus salas tras una decisión del Ministerio de Cultura. La medida es provisional y fue adoptada mientras se resuelve una tutela presentada por el congresista Gabriel Becerra y colectivos LGBTIQ+.
En otro proceso, la Fiscalía imputó cargos al periodista Ricardo Orrego Arboleda por presuntos hechos de violencia basada en género contra cinco mujeres. Los señalamientos corresponden a posibles conductas de acto sexual violento y acoso sexual, ocurridas presuntamente entre julio de 2012 y junio de 2024. Orrego no aceptó los cargos.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, por el presunto incumplimiento de los requisitos de experiencia exigidos para ocupar el cargo. El proceso busca establecer si los documentos presentados acreditaban la experiencia requerida.
Danilo Rojas asumirá la presidencia de la JEP
La Sala Plena de la JEP eligió al magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth como presidente de la jurisdicción para el periodo 2026-2028. Obtuvo 23 votos frente a los magistrados Reinere Jaramillo Chaverra y Camilo Suárez Aldana.
La magistrada Diana María Vega Laguna fue elegida vicepresidenta. Rojas pertenece al Tribunal para la Paz e integra su Sección de Apelaciones. Está previsto que asuma el cargo el 5 de noviembre, cuando termine la presidencia de Alejandro Ramelli Arteaga.
Denuncian amenazas contra defensora de víctimas
El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo denunció amenazas de muerte contra la abogada Yessika Hoyos y miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. El mensaje estaría relacionado con el proceso por el que William Martínez Santamaría fue condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad como determinador de tres homicidios.
La organización afirmó que la amenaza identifica a las personas afectadas y las relaciona directamente con el proceso judicial. Hoyos representa a las víctimas, mientras que el Movice Sucre ha acompañado a sus familiares.
Cierre de investigación contra Francisco de Roux
El Juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá ordenó cerrar la investigación contra el padre Francisco de Roux por el presunto encubrimiento de casos de abuso sexual cometidos en los años setenta por el padre Darío Chavarriaga.
La Fiscalía había solicitado la preclusión del caso al considerar que De Roux actuó, en ese momento, bajo las normas del derecho canónico. El juzgado concluyó que la petición era consecuente con la evidencia presentada.
Finalmente, el abogado Alejandro Carranza, representante legal del expresidente Gustavo Petro, denunció ante la Fiscalía a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, por sus declaraciones sobre el llamado Pacto de Valledupar. Rodríguez afirmó que recibió instrucciones para coordinar un encuentro con antiguos jefes paramilitares, mientras que Salvatore Mancuso respaldó parte de esa versión y dijo que Petro no le hizo directamente esa solicitud.