La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 025 de 2026 para los municipios de Ricaurte y Mallama, en el Piedemonte Costero de Nariño, por el riesgo de una escalada de violencia armada y nuevas disputas por el control territorial.
Según la entidad, el grupo Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, perteneciente a la disidente Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), mantienen desde 2024 un acuerdo para distribuirse el territorio, controlar corredores hacia Ecuador y la vía al mar, y administrar rentas relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.
La terminación de la mesa de diálogos con la CNEB, ocurrida en agosto de 2026, aumenta el riesgo de enfrentamientos directos en el corto plazo. La Defensoría también advirtió que podrían intentar regresar facciones del ELN o del Estado Mayor Central.
Comunidades y sectores en riesgo
Las organizaciones armadas se apoyarían en estructuras como las Autodefensas Unidas de Nariño, la Nueva Urías Rondón Frente 37 y bandas locales. Estas agrupaciones asumirían tareas de sicariato, cobro de extorsiones y vigilancia, lo que facilita el control social sobre las comunidades.
La alerta señala afectaciones para los pueblos indígenas Awá y Los Pastos, así como para comunidades campesinas, líderes sociales, firmantes de paz, comerciantes, transportadores y misiones médicas. Niñas, niños y adolescentes también estarían expuestos al reclutamiento forzado.
La Defensoría reportó que Mallama atraviesa un deterioro crítico, con una tasa de homicidios de 67,37 por cada 100.000 habitantes en 2026. Entre los hechos mencionados están el asesinato de tres familiares en el resguardo Edén Cartagena, en Ricaurte, ocurrido en febrero, y el homicidio de tres jóvenes en la vereda Chucunés, en Mallama.
La entidad también recordó los asesinatos de los líderes Aurelio Araujo y sus escoltas, en junio de 2025; Moisés Marcos López, en septiembre de 2023; y el firmante de paz Yonnis Orfilio García, en junio de 2023.
Entre las infracciones al derecho internacional humanitario, la Defensoría mencionó la interceptación de una ambulancia de la ESE de Ricaurte en agosto de 2025. Hombres armados hicieron descender al personal sanitario y asesinaron al paciente que era trasladado. Además, persiste la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en caminos rurales.
La Alerta Temprana contiene 29 recomendaciones orientadas a fortalecer la seguridad humana y la protección colectiva. La Defensoría pidió que la respuesta estatal no se limite a operaciones de orden público y que incluya medidas para garantizar los derechos de la población de Ricaurte y Mallama.
El documento complementa las alertas anteriores sobre los riesgos que enfrenta el pueblo Awá, entre ellas la 045-19, su informe de seguimiento 024 de 2022 y la alerta binacional Colombia-Ecuador 008-23.