La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 72 meses de prisión, equivalentes a seis años, contra el abogado Gian Carlo Paredes Rivera por ofrecer dinero a una víctima de violencia sexual para que modificara su testimonio o se retractara del señalamiento. La Sala de Casación Penal concluyó que no había errores que justificaran cambiar la sentencia.
Además de la pena principal, Paredes Rivera deberá cumplir una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y permanecer inhabilitado durante 72 meses para ejercer la abogacía y desempeñar derechos y funciones públicas. La Corte también mantuvo la prisión domiciliaria que había sido concedida en primera instancia.
El ofrecimiento de dinero a la víctima
Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2016, durante una diligencia de reconocimiento en fila de personas en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. La actuación hacía parte de un proceso contra dos personas investigadas por acceso carnal violento agravado y hurto calificado y agravado.
La víctima, que entonces era menor de edad y estaba acompañada por su madre, identificó a uno de los procesados como su agresor. Paredes Rivera se encontraba en el lugar como defensor de uno de los acusados.
Según los hechos establecidos en la sentencia, después de salir de la cárcel el abogado abordó a la joven y a su madre. Les habría ofrecido entre $1 millón y $1,5 millones para que ella cambiara la versión que debía entregar ante el Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá, se retractara o afirmara que no recordaba lo ocurrido.
El recorrido judicial del caso
La Fiscalía imputó a Paredes Rivera por soborno el 25 de octubre de 2017. El abogado no aceptó los cargos y, un año después, el ente acusador presentó la acusación formal ante el Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento.
Después de las audiencias preparatorias y de un juicio oral desarrollado en cuatro sesiones entre enero y mayo de 2023, el juzgado lo condenó el 16 de mayo de ese año. La defensa apeló, pero el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia el 15 de agosto de 2023 y negó una solicitud de nulidad.
La defensa acudió luego a la Corte Suprema mediante una demanda de casación. La Sala inadmitió ese recurso en un auto del 27 de mayo de 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar de oficio la duración de la inhabilidad para ejercer la profesión.
El 30 de junio de 2026, los abogados promovieron un mecanismo de insistencia. Sin embargo, la Procuraduría Delegada para la Casación Penal respaldó las razones de la Corte en un concepto del 31 de julio y decidió no insistir.
Por qué la Corte mantuvo las inhabilidades
La discusión final no se centró en si Paredes Rivera había cometido el soborno, sino en la forma de calcular la inhabilidad para ejercer la abogacía. La defensa sostenía que debía aplicarse el sistema de cuartos del artículo 61 del Código Penal, que contempla rangos mínimos y máximos para fijar una sanción.
La Corte explicó que los hechos ocurrieron cuando ya estaba vigente la Ley 1762 de 2015. Esa norma estableció que, en los casos correspondientes, la inhabilidad para ejercer una profesión debe imponerse por el mismo tiempo de la pena de prisión.
Por esa razón, los 72 meses de inhabilidad profesional coincidían con la pena principal y respetaban los límites del artículo 51 del Código Penal. La Sala aclaró que el sistema de cuartos sigue aplicándose cuando la ley fija rangos para determinar la sanción, pero consideró que ese no era el régimen aplicable a este caso.
La Corte también señaló que, para imponer una inhabilidad profesional, el juez debe explicar si hubo abuso del ejercicio de la profesión, una relación de causalidad entre el delito y la actividad profesional o una infracción de las obligaciones propias de esa actividad.
Con ese análisis, la Sala descartó errores tanto en la inhabilidad para ejercer la abogacía como en la sanción que le impide ejercer derechos y funciones públicas. Por ello, decidió no casar de oficio la sentencia, ordenó notificar la providencia y dispuso devolver el expediente al tribunal de origen.
Paredes Rivera también aparece mencionado en un expediente judicial relacionado con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. Sin embargo, la condena revisada por la Corte Suprema corresponde específicamente al ofrecimiento de dinero para alterar el testimonio de una víctima y constituye una actuación distinta.