Diez organizaciones nacionales e internacionales rechazaron la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la resolución que había declarado la Amazonía colombiana como una reserva de los recursos renovables y del ambiente con carácter definitivo.
La medida, expedida en agosto, abarcaba 483.283 kilómetros cuadrados, equivalentes al 42 % del territorio nacional. En esa zona no se podrían otorgar nuevas autorizaciones ni concesiones mineras, celebrar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos o expedir licencias y permisos para esas actividades.
El Ministerio de Ambiente explicó que la resolución incurrió en una causal de revocatoria directa porque fue expedida de manera definitiva sin que terminara la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Según la cartera, ese trámite había sido determinado por la autoridad competente y permanecía inconcluso.
Las organizaciones piden continuar la consulta previa
El comunicado fue firmado, entre otras entidades, por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, Greenpeace, Amazon Watch, el Foro Social Pan Amazónico y Earth Insight. Las organizaciones calificaron la revocatoria como un retroceso en la protección de la biodiversidad y la acción climática.
Las entidades citaron un informe elaborado por Earth Insight, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y la OPIAC, según el cual 14 millones de hectáreas, equivalentes al 28 % de la Amazonía colombiana, se superponen con bloques petroleros y gasíferos.
Para las organizaciones, la resolución expedida en agosto era una medida ejemplar porque cerraba la puerta a nuevas actividades extractivas incompatibles con la integridad ecológica del territorio. Por eso pidieron al Ministerio de Ambiente completar la consulta previa iniciada por el gobierno anterior, en lugar de revocar la decisión.
Las firmantes también señalaron que la protección de la Amazonía tiene efectos sobre los sistemas ecológicos amazónicos y andinos, la regulación y el abastecimiento de agua, y la estabilidad económica y social del país. Además, reclamaron que se apliquen los principios de prevención y precaución frente a posibles daños graves, extensos o duraderos.