La carne de cerdo seguiría sin IVA, pero los insumos que la hacen posible no. El proyecto de ley de rescate económico, identificado como Ley 477 de 2026, eleva del 5 % al 19 % el gravamen de las principales materias primas del sector porcícola: maíz, frijol soya, torta de soya y alimento balanceado.
La advertencia la hizo Porkcolombia, el gremio que representa a los porcicultores del país. La agremiación celebró que la proteína mantenga la condición de bien exento —tarifa de 0 % y derecho a solicitar la devolución de los IVA pagados en producción y comercialización—, pero sostuvo que el alza en los insumos cambiaría por completo el panorama.
El ajuste fiscal es una necesidad reconocida por distintos sectores de la economía: sin un recorte del gasto, el déficit fiscal de 2027 llegaría al 9,4 % del PIB. La estrategia del Gobierno para cerrar ese hueco es la llamada ley de rescate económico, que grava con 19 % un amplio grupo de productos alimenticios y agroalimentarios.
«La medida aumentaría los costos de producción y tendría un impacto devastador en el flujo de caja de los porcicultores. Todo esto con efectos sobre el precio de venta final al consumidor, situación que se agrava teniendo en cuenta que la carne de cerdo importada no se vería afectada con esta medida», aseguró el gremio.
Devoluciones que tardan meses
A la tarifa se suma el calendario de devoluciones. Hoy el procedimiento para recuperar el IVA pagado tarda como mínimo seis meses y, en algunos casos, más de un año. Para Porkcolombia, una tarifa mayor combinada con esos plazos «implicaría poner en jaque la sostenibilidad de una actividad productiva que ha hecho grandes esfuerzos de transformación, tecnificación y competitividad frente a las importaciones».
Por eso, el gremio pidió procedimientos expeditos que permitan a los porcicultores acceder a la devolución automática bimensual y así no comprometer la viabilidad financiera de las empresas del sector.
Porkcolombia también respaldó que las ventas de cerdo en pie pasen de excluidas a gravadas, un cambio que, según dijo, «favorece la formalización del sector». Y reconoció que la crisis fiscal exige un ajuste: se declaró dispuesto a trabajar con el Ministerio de Agricultura y el Gobierno en la evaluación de propuestas para el desarrollo del campo colombiano.