El proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado el 29 de octubre de 2026 por el Gobierno ante el Congreso, propone reducir el gasto estatal, modificar el esquema tributario y estimular la inversión privada. La iniciativa abre varios interrogantes sobre sus efectos en el crecimiento, el empleo formal y la confianza de los inversionistas.
Para Sajamaya Vallejo, analista de Eqqual, agencia colombiana de planeación financiera, el impacto depende de cómo se ejecute el ajuste. “No tiene el mismo efecto eliminar gastos innecesarios que reducir inversión en infraestructura, educación o proyectos que generan empleo. Tampoco es igual combatir la evasión que aumentarles la carga a los mismos contribuyentes que ya cumplen”, explicó.
Recaudo, consumo y pequeñas empresas
La analista advirtió que si el Gobierno recorta la inversión pública y, al mismo tiempo, reduce la capacidad de gasto de hogares y empresas, la actividad económica puede enfriarse y el propio recaudo resentirse. Su ejemplo es aritmético: si una base gravable pasa de 100 a 90 y la tarifa sube del 20 % al 22 %, el recaudo cae de 20 a 19,8. Con ese ejercicio simplificado concluyó que subir tarifas no garantiza mayores ingresos fiscales cuando la economía sobre la que se cobran los impuestos se contrae.
Sobre los sectores más expuestos, Vallejo señaló que todo depende de los impuestos que finalmente se modifiquen en el trámite legislativo. Si suben los gravámenes al consumo, comercio, restaurantes y turismo sentirían el golpe por su dependencia del gasto de los hogares. Las pequeñas empresas con márgenes estrechos tendrían menos capacidad para absorber costos sin trasladarlos a los precios, recortar inversiones o cambiar su operación.
Salud y facultades extraordinarias
El posible aumento de las cotizaciones a salud es otro de los frentes. La analista indicó que la medida podría aportar recursos al sistema, pero que hace falta definir quién asume el costo adicional y qué mejoras recibe a cambio. “Si lo paga el trabajador, disminuye su ingreso disponible. Si lo asume la empresa, aumenta el costo del empleo formal”, afirmó. Un punto porcentual sobre una base de $2 millones equivale a $20.000 mensuales; en una compañía con 100 trabajadores con esa misma base, el costo adicional llegaría a $2 millones al mes y $24 millones al año, si la empresa asumiera la totalidad.
Vallejo también se refirió a las facultades extraordinarias para reorganizar entidades del Estado. Recordó que el artículo 150 de la Constitución permite al Congreso concederlas por un máximo de seis meses, siempre que sean precisas y sin poder usarlas para decretar impuestos. “El riesgo aparece cuando la autorización es demasiado amplia y permite decisiones que deberían discutirse en el Congreso”, sostuvo.
Su análisis cierra en la seguridad jurídica: si las decisiones terminan cuestionadas o anuladas, aparecen costos adicionales y dificultades para implementar la reforma. “Cuando una empresa no puede calcular sus costos futuros con suficiente claridad, puede aplazar una inversión”, dijo. Aun así, reconoció que una reforma creíble, bien sustentada y acompañada de un ajuste responsable del gasto podría mejorar la confianza en las finanzas del país. “Mi preocupación sería una reforma que prometa recaudar mucho, frene la actividad y deje sin resolver el problema fiscal”, concluyó.