Corficolombiana, ANIF y Fedesarrollo coinciden en que las finanzas públicas del país necesitan una corrección de fondo, pero ninguna le da el visto bueno automático a la Ley de Rescate Económico: los tres análisis advierten que el éxito del paquete depende de medidas con alta resistencia en el Congreso, en particular la ampliación de la base del IVA y las nuevas fuentes para financiar la salud.
El proyecto, radicado por el Gobierno el 29 de octubre, busca mejorar el balance primario en 2,4% del PIB en 2027 y 4,7% en 2030. El Ejecutivo pidió trámite de urgencia e insistencia para acelerar la discusión, y el calendario es apretado: quedan alrededor de seis semanas para debatir una iniciativa que toca el gasto, la tributación, la financiación de la salud y hasta las reglas fiscales.
Un ajuste concentrado en pocas fuentes
Para Corficolombiana, la estrategia es más ambiciosa de lo esperado y responde a un deterioro fiscal que ya no admite aplazamiento. Sin medidas, el centro de estudios calcula que la deuda neta del Gobierno llegaría al 82,1% del PIB en 2030 y que "el pago de intereses absorbería la mitad del recaudo".
Su hallazgo principal es de composición: el ajuste está concentrado en pocas fuentes. Los recortes de gasto aportarían entre 17% y 24% del total según el año; en 2027 el mayor componente serían las nuevas fuentes de financiamiento de la salud, con un aporte estimado de 0,97% del PIB, y desde 2028 el protagonismo pasaría a los impuestos al consumo, principalmente por la ampliación del IVA.
Ahí está el riesgo calculado: si el Congresso no aprueba los impuestos al consumo, el ajuste de 2030 bajaría de 4,73% a 2,99% del PIB; si también se caen las fuentes para la salud, quedaría en 2,15%. Es decir, el proyecto podría perder más de la mitad de su capacidad de ajuste sin ingresos alternativos. "Lo que no puede perderse en esa negociación es la ambición del ajuste", advierte Corficolombiana. Además, cerca de una cuarta parte del ajuste de 2030 dependería de medidas por decreto y del Plan Nacional de Desarrollo aún sin detallar, o de supuestos sobre el crecimiento económico.
ANIF: el costo de una reforma incompleta
ANIF examinó seis escenarios de aprobación y concluye que recortar el gasto, aun sumando medidas por fuera del proyecto, no bastaría para estabilizar las cuentas. Si solo prosperan los recortes, la deuda neta llegaría a 78,2% del PIB en 2030, por encima del límite de 71% de la regla fiscal; si agrega las medidas de gasto anunciadas, pero no hay nuevos ingresos, quedaría en 76%.
El panorama cambia con las medidas tributarias: con el proyecto completo, ANIF proyecta la deuda en 64% del PIB y un superávit primario de 0,3% en 2030; sin la ley, la deuda subiría a 81,9% y el déficit total a 10,3% del PIB. El efecto financiero también se mediría en el indicador de riesgo de impago a cinco años: el CDS pasaría de 101 puntos básicos en la aprobación integral a 277 sin ella. Su advertencia no es sobre la composición actual, sino sobre el principio: cualquier cambio que reduzca ingresos debe acompañarse de medidas con efecto fiscal equivalente. Incluso con la ley completa, la deuda seguiría por encima del ancla de 55%, así que el esfuerzo tendría que continuar después de 2030.
Fedesarrollo respalda el ajuste y la ampliación del IVA, pero pone el foco en otros dos frentes. Primero, cuestiona que reducir las exenciones de aportes empresariales a salud, SENA e ICBF encarezca la contratación de trabajadores con salarios superiores a dos mínimos. "Encarecer el trabajo asalariado formal es una manera de perpetuar los niveles altísimos de trabajo por cuenta propia y en negocios de menos de 5 personas", señaló la entidad, que sugirió explorar alternativas como gravar los ingresos pensionales con renta.
El segundo reparo va contra el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que daría condiciones preferenciales —tarifa de renta reducida, depreciación acelerada y estabilidad jurídica a 16 años— a grandes proyectos de inversión. Fedesarrollo considera que comprometer ingresos por tanto tiempo no resuelve los obstáculos que de verdad frenan la inversión, como la inseguridad, la infraestructura o las deficiencias educativas, y teme que los beneficios terminen debilitando el recaudo a favor de las compañías más grandes.
La discusión ya tiene una contrapropuesta políticas: el Centro Democrático planteó una ley alternativa con menos impuestos y más recorte, pasar de 18 a seis ministerios y reestructurar o eliminar 48 entidades, además de proteger producciones como el café, la maquinaria agrícola y los fertilizantes. Sus ahorros tendrán que contrastarse con los cálculos del Gobierno.
El reto del Congreso, en suma, no es aprobar recortes o impuestos por separado, sino que el conjunto final produzca los recursos que el Gobierno espera sin desactivar el objetivo de estabilizar las cuentas. Si se eliminan fuentes de recaudo sin reemplazarlas, advierten los informes, las finanzas públicas seguirán sin cerrar.