El primer día del Congreso de Asofiduciarias, que se realiza este 9 y 10 de noviembre, dejó una advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf): aprobar la reforma tributaria no bastaría para atender todas las necesidades de financiación de 2027. El organismo señaló que, incluso si se aprueba la ley de rescate económico, persisten presiones sobre el gasto que no estarían contempladas en el presupuesto. Su presidente, Juan Carlos Ramírez, sostuvo que el presupuesto del próximo año aún enfrenta obligaciones que no están plenamente cubiertas.
Las presiones que siguen abiertas
Ramírez puso el foco en la salud. «La presupuestación del régimen de seguridad social y salud, básicamente el régimen subsidiado, están todavía desfinanciados», afirmó.
A ese faltante se suman los recursos para los subsidios de energía, sobre todo por los posibles efectos del fenómeno de El Niño, y el dinero necesario para la reconstrucción tras el terremoto del 22. El Carf también ve riesgos en los gastos de personal: aunque el presupuesto prevé que no crezcan por encima de la inflación, los acuerdos sindicales del sector público podrían elevar las obligaciones del Estado.
En pensiones, el organismo mencionó el agotamiento de los traslados entre regímenes y los efectos que podría tener la decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, además de los cambios que tramita la Cámara de Representantes.
Deuda, déficit y el peso de los intereses
El panorama fiscal se refleja en las proyecciones del Carf. La deuda neta del Gobierno pasaría de 58% a 60% del PIB en 2026, mientras que en 2027 el déficit total podría alcanzar 9,5%. Sin ajustes, el endeudamiento llegaría a 67% del PIB, cerca del límite sostenible de 71%.
El organismo agregó que una tercera parte de los ingresos tributarios ya se destina al pago de intereses y que esa proporción podría subir a la mitad en los próximos tres años.
La defensa del IVA diferencial
El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, defendió la apuesta del Gobierno: un esquema de IVA diferencial llamado EfectIVA, que contempla devolver el impuesto a los hogares de menores ingresos. El funcionario cuestionó que hoy hogares de distintos niveles socioeconómicos paguen el mismo IVA por un producto, sin importar su capacidad económica. Según dijo, los hogares pobres pagan en promedio $138.000 mensuales por ese tributo.
Con EfectIVA, la carga tributaria buscaría depender de los ingresos de cada persona y no solo del producto que compra. Quienes tienen mayores recursos asumirían el pago del IVA, mientras que los hogares de menores ingresos recibirían la devolución de lo que hayan pagado.
Uno de los cuestionamientos al mecanismo es la cobertura de la factura electrónica, una de las herramientas para identificar compras y hacer devoluciones. Betancur aseguró: «Hoy en día, los hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad usan factura electrónica alrededor de dos tercios». Para quienes no tienen acceso al sistema bancario se prevén giros postales; en zonas sin cobertura de factura electrónica se entregaría una transferencia equivalente al IVA estimado. El Gobierno calcula un año para ampliar la cobertura y fortalecer la capacidad de la Dian para identificar a los beneficiarios.