La Ley de Rescate Económico, el proyecto que acompaña al Presupuesto General de la Nación de 2027, propone ordenar las finanzas públicas con una batería de medidas que coinciden en buena parte con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ajuste responde a un desequilibrio real, pero el debate que queda abierto es otro: la iniciativa corrige las cuentas sin explicar cómo crecerá la economía que debe sostenerlas.
En su evaluación de 2025 sobre Colombia, el FMI recomendó una consolidación fiscal acumulada de 3,2 puntos del PIB entre 2026 y 2028, con una mezcla de medidas de ingresos y gastos: reducción de exenciones del IVA, mayores impuestos al consumo y racionalización de algunas erogaciones. Varias de esas ideas aparecen en el articulado. No hay, sin embargo, una condicionalidad formal ni un programa impuesto: es el Gobierno el que adopta instrumentos de consolidación semejantes a los sugeridos por el organismo.
La exposición de motivos sostiene que la consolidación reducirá la percepción de riesgo, mejorará las condiciones de financiamiento y estimulará la inversión privada hasta compensar la contracción del gasto. El razonamiento tiene un límite: recuperar la confianza no equivale a transformar la estructura productiva del país, ni aumentar los impuestos de quienes ya contribuyen amplía por sí solo la capacidad contributiva de la economía.
Esa es la tesis central de un análisis firmado por una exviceministra técnica de Hacienda y profesora de la Universidad Nacional, quien advierte que una cosa es financiar el presupuesto y recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, y otra construir una economía capaz de sostenerlo.
Los aciertos que el proyecto sí incluye
El texto contiene iniciativas que la autora considera necesarias. Los mayores impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas pueden desincentivar consumos perjudiciales para la salud. Y el traslado a la ADRES de uno de los cuatro puntos porcentuales de los aportes parafiscales que administran las cajas de compensación familiar es, a su juicio, una propuesta valiente: desde 1957 esas entidades ampliaron sus funciones hacia políticas sociales como salud y vivienda, con recursos públicos de por medio.
La pregunta que plantea el análisis es si ese 4 % de la nómina debe mantenerse inalterado en un país muy distinto al de hace casi siete décadas. Revisarlo puede fortalecer la financiación de la salud sin elevar los costos laborales, una discusión que hasta ahora había sido casi intocable.
EfectiVA: devolución con condiciones
En el IVA, el proyecto coincide con la recomendación de reducir exenciones y ampliar la base. Para compensar el efecto regresivo se plantea EfectiVA, un mecanismo que devuelve el impuesto pagado a los hogares beneficiarios. El potencial redistributivo existe, pero depende de la implementación: cuando la devolución se limita a compras facturadas, el alcance se reduce, y aunque la facturación electrónica ha avanzado, su cobertura sigue siendo limitada en las transacciones habituales de muchos de esos hogares. La progresividad esperada no es lo mismo que una progresividad garantizada.
Quiénes están en el registro y quiénes no
Detrás del IVA hay un problema más profundo: la dificultad del Estado para registrar la capacidad económica de una parte de la población. No se trata solo de distinguir entre ricos y pobres, sino entre quienes tienen ingresos y transacciones identificables y quienes permanecen fuera de los sistemas que permiten establecer cuánto pueden aportar.
La informalidad no equivale a pobreza. En ese universo conviven personas con ingresos insuficientes, trabajadores independientes, profesionales y comerciantes que pueden tener capacidad contributiva sin que sus ingresos sean verificables. El sistema de salud ilustra la tensión: más de la mitad de sus afiliados está en el régimen subsidiado, una realidad ligada tanto a la pobreza como a la estructura del mercado laboral. Aumentar las obligaciones de quienes ya contribuyen avanza menos que identificar a quienes tienen capacidades económicas parecidas con distintos grados de formalización.
El Registro Universal de Ingresos (RUI), creado en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023, busca mejorar esa información con registros administrativos y estimaciones socioeconómicas. Su puesta en marcha, señala el análisis, ha enfrentado dificultades y todavía no opera plenamente.
La estrategia de crecimiento que no aparece
La ley acompaña el presupuesto de 2027, no un Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno despliega una estrategia fiscal identificable, mientras la estrategia de crecimiento que debería acompañarla no tiene la misma claridad. La exposición de motivos supone que una menor percepción de riesgo, mejores condiciones financieras e incentivos tributarios estimularán la inversión privada; los anuncios sobre hidrocarburos, por sí solos, no responden qué sectores y actividades impulsarían ese crecimiento.
El contexto pesa: tasas de interés, demanda de mercado, infraestructura, capacidades productivas y expectativas de rentabilidad. En un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por mipymes, esas restricciones pueden ser más determinantes que la tarifa del impuesto sobre las utilidades. Y el país viene de un periodo en el que parte del crecimiento se explicó por el consumo público y de los hogares, con una inversión productiva débil.
De ahí las preguntas que el análisis deja planteadas: ¿qué actividades reemplazarán el gasto que se retira? ¿Qué empresas podrán responder a los incentivos tributarios? ¿Cuánto tardará la transición hacia un crecimiento menos dependiente del gasto estatal? La sostenibilidad fiscal exige estimar cómo responderán la demanda, la inversión, la productividad y el empleo.
La ley puede contribuir a corregir el desequilibrio. Pero el ajuste, por necesario que sea, no equivale a una estrategia de crecimiento. Mientras no se aclare cómo se articulará con las prioridades del próximo Plan Nacional de Desarrollo, seguirá sin respuesta qué transformación económica se espera. Y sin una economía que amplíe producción, empleo y base tributaria, el recaudo continuará dependiendo de aumentar las obligaciones de los mismos contribuyentes.