La Corte Constitucional volvió a insistir en que el Congreso debe crear sanciones penales para quienes difundan videos, fotos o contenidos íntimos de otras personas sin su consentimiento. El pronunciamiento se produjo al resolver la tutela de una mujer cuyos archivos privados habrían sido accedidos y difundidos por su expareja.
El caso, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, involucra a Ángela —como se identifica a la víctima en el expediente—, a su expareja Esteban y a la actual compañera sentimental de este, Milena. Ángela se dedica a la producción de contenido para adultos en plataformas digitales, una actividad que mantenía en reserva de su familia para proteger a su hija menor de edad. Según la denuncia, Esteban habría ingresado sin autorización a sus dispositivos, obtenido los videos íntimos y entregado el material a Milena. Con ese contenido, además, la habrían amenazado con divulgarlo.
La Corte concluyó que Esteban y Milena vulneraron los derechos fundamentales de Ángela y de su hija menor de edad a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y a una vida libre de violencia.
Un vacío que sigue abierto
El pronunciamiento puso sobre la mesa un problema que persiste: en el Código Penal colombiano no existe un delito específico que castigue la difusión no consentida de material íntimo. Por eso, advirtió el tribunal, estas conductas quedan sin consecuencias jurídicas penales para quien las comete.
Los magistrados de la Sala Segunda de Revisión llamaron la atención del Congreso para que se pronuncie sobre el tema durante la siguiente legislatura. La tutela se convirtió en la vía para que la víctima obtuviera una respuesta judicial, mientras la definición de cómo castigar penalmente estos hechos queda en manos del legislativo.
El caso deja ver, además, que la reserva con la que Ángela manejaba su actividad para proteger a su hija quedó vulnerada en el momento en que el material salió de sus dispositivos. Ahora el Congreso tiene la tarea de definir cómo se sancionan penalmente esas conductas.