Colombia volvió a encabezar, por cuarto año consecutivo, la lista de los países más letales para quienes defienden el ambiente. El informe anual de Global Witness, publicado este 15 de septiembre, documentó 39 asesinatos de personas defensoras del ambiente en el país durante 2025, una cifra que, aunque menor a los 48 casos de 2024, mantiene intactos los patrones de riesgo.
La geografía y el perfil de las víctimas se repiten con precisión. El Cauca concentró 13 de los 39 homicidios —una tercera parte del total nacional y más del 10% de las 124 muertes registradas en el mundo—, lo que convierte al departamento en el epicentro de esta violencia.
Un corredor de economías ilegales
El informe atribuye esa concentración a factores estructurales: la ubicación estratégica del Cauca, cerca de la frontera con Ecuador y de las rutas hacia el Pacífico, lo convirtió en un corredor clave del tráfico de cocaína, cuyo cultivo se quintuplicó en la última década. A ello se suma la minería ilegal, que degrada bosques y cursos de agua. Nariño y Putumayo, con tres asesinatos cada uno, repiten el patrón.
Desde 2012, cuando la organización comenzó su registro, el Cauca acumula 171 asesinatos de defensores del ambiente, la cifra más alta de todos los departamentos del país. Una violencia sostenida que, según el informe, ha resistido cambios de gobierno, acuerdos de paz, operaciones militares y aumentos en los mecanismos de protección.
Indígenas y campesinos, los principales blancos
Casi la mitad de las víctimas en Colombia eran indígenas y otras 15 eran campesinas. De los 13 asesinatos en el Cauca, cuatro corresponden a guardias indígenas, más de la mitad de los siete guardias asesinados en el mundo durante 2025 según el recuento global. El informe rinde homenaje a Edgar Tumiñá Gembuel, guardia nasa colombiano, una de las víctimas cuyo nombre encabeza la lista mundial.
Que las guardias sean un blanco prioritario revela que no solo se ataca a la persona, sino al mecanismo comunitario de protección. La organización documenta cómo las comunidades han construido sistemas colectivos —patrullas territoriales, alertas tempranas y redes de monitoreo—, un modelo que en Colombia está siendo desmantelado a bala.
Tierra, crimen organizado y protección colectiva
35 de los 39 homicidios estuvieron relacionados con conflictos por la tierra. No se trata de violencia difusa: Global Witness vinculó presuntamente 17 muertes con el crimen organizado y cinco con asesinos a sueldo. El informe advierte que estas estructuras corrompen las instituciones que deberían proteger a las comunidades, debilitan la gobernanza y erosionan los sistemas judiciales.
Frente a ese panorama, la organización recomienda al Estado colombiano firmar y aplicar la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y adoptar enfoques colectivos de protección, en lugar de mecanismos reactivos centrados en personas. También pide reconocer, financiar e integrar las guardias indígenas en las políticas de protección, incluida la hoja de ruta del Acuerdo de Escazú.
El llamado llega en un momento de debilitamiento de la red de acompañamiento. La ayuda internacional cayó 23% en 2025 —la mayor reducción anual registrada, según la Ocde— y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia despidió a casi la mitad de su personal por recortes presupuestales. Mientras el riesgo permanece intacto, advierte el informe, la red que rodeaba a los defensores se está adelgazando. Y las cifras, casi con seguridad, subestiman la magnitud real de la violencia.