Sobre la vía Medrano, en el barrio Horizonte parte baja, sector Nuevo Sol, Alexander Mosquera recibe a los visitantes con la calma de quien ha aprendido a sostener una comunidad entera. Es el presidente de la Junta de Acción Comunal y desde el 10 de agosto, el día en que la tierra tembló, no ha dejado de caminar casa por casa. O lo que quedó de ellas.
«Ese día, más allá del movimiento de la tierra, nuestros corazones no volvieron a latir de la misma manera», dice. Así describe lo que vivieron los cerca de 2.000 habitantes de un barrio donde casi 500 viviendas —la inmensa mayoría construidas en madera— se destecharon, se desprendieron o simplemente cayeron.
Un mes después, las réplicas siguen llegando y con ellas la zozobra. «Hoy hay muchas personas que tienen la secuela porque, aunque ya todo pasó, sigue habiendo réplicas. La gente se altera psicológicamente, no estamos bien», explica Mosquera. Algunos vecinos se toman la presión arterial con frecuencia porque el cuerpo no logra soltar el susto.
Construir en madera no fue una elección
Buena parte de la población de Nuevo Sol llegó desplazada por el conflicto armado, buscando reconstruir una vida. Muchos se dedican a la construcción informal o al mototaxismo —el «rapimoteo», como lo llaman allí—, actividades no reguladas que les permiten llevar algo de dinero a la casa.
La barrera más profunda para la reconstrucción no es solo económica: es normativa. El barrio está declarado zona de alto riesgo, lo que impide legalmente construir en cemento. Las viviendas son de madera no por elección, sino porque no hay permisos para otra cosa, y por eso, cuando la tierra tembló, tuvieron tan poco donde sostenerse.
«Toda la vida nos han dicho que somos zona de alto riesgo. Sí, lo somos, pero aquí la gente lleva 30 años viviendo en el barrio», dice Mosquera, quien considera que esa etiqueta termina revictimizando a quienes no tienen alternativa.
A eso se suma el río Caví, que bordea el barrio y se desborda con cada aguacero fuerte, y la ausencia total de servicios públicos formales: no hay acueducto ni alcantarillado, apenas un pozo que se traba por falta de mantenimiento, y el fluido eléctrico se va con frecuencia, aunque la factura sigue llegando.
Quienes perdieron su casa se refugian temporalmente donde vecinos —adultos mayores y niños incluidos— mientras intentan conseguir un arriendo que, en la zona, simplemente no existe. Algunos residentes mencionan con miedo que en el sector rondan grupos armados, aunque se han mantenido tranquilos por la situación que enfrenta la sociedad civil. Esa presencia es, también, una barrera de acceso.
El Plan Chocó y sus trabas
La gobernadora del Chocó explicó que la reconstrucción tras el terremoto requeriría cerca de $5 billones, recursos que la Gobernación busca canalizar a través del Plan Chocó, una estrategia que no se limita a reponer lo perdido.
«Aquí no queremos solamente reconstruir lo que había. Aquí queremos avanzar, dignificar y sobre todo proyectar el departamento hacia un desarrollo que permita que esta emergencia al menos garantice un cambio en la calidad de vida de la gente», afirmó la mandataria.
Parte sustancial de esos recursos se destinaría a intervenir cerca de 32.000 viviendas, además de recuperar infraestructura pública y reactivar la economía de las zonas afectadas. Pero el proceso, como en Nuevo Sol, está atravesado por trabas burocráticas: licencias, escrituras y legalización de predios que las constructoras deben resolver antes de levantar una sola pared, y un ejercicio de focalización que define quién recibe la ayuda primero.
El fondo del problema, sin embargo, es más viejo que el terremoto. Según datos consolidados de la Contraloría General de la República y del DANE, cerca de 12,5 millones de personas en Colombia no cuentan con alcantarillado sanitario y más de 5 millones carecen de acceso a agua potable. Sin esas garantías, advierten las autoridades, ninguna vivienda nueva es plenamente viable.
Ayuda que llega a cuentagotas
Los habitantes del sector reconocen que la ayuda no ha sido inexistente, pero sí insuficiente. Han llegado colchonetas, algunas visitas institucionales y mercados puntuales que alivian por unos días la necesidad más inmediata de las cerca de 2.000 personas que viven en el sector.
El problema es que esos apoyos resuelven el hambre de hoy, no la casa que sigue sin techo ni el arriendo que nadie puede pagar.
Por eso Mosquera no se queda esperando: sigue tocando puertas, buscando que más entidades conozcan la situación del barrio y gestionando mercados, brigadas y cualquier forma de apoyo, mientras la respuesta institucional de fondo —la que resolvería el problema estructural— sigue sin llegar.