La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) negó que se vaya a devolver de manera generalizada el dinero recaudado por fotomultas y cuestionó frontalmente la decisión del gobierno de Gustavo Petro de revisar millones de comparendos impuestos mediante fotodetección. “Eso no va a pasar, fue una medida populista y demagógica”, afirmó su director ejecutivo, Gilberto Toro.
La controversia se remonta a mayo de 2026, cuando el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte abrieron investigaciones contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones. En esa ocasión, el Gobierno informó que tenía bajo la lupa más de 7,5 millones de fotomultas impuestas entre 2018 y 2024.
¿Cuánto dinero está en juego?
De ese total, 5,83 millones de comparendos que permanecían sin pagar quedarían sin validez y deberían revocarse de oficio, según la actuación anunciada por las autoridades en su momento. Otros 1,5 millones de multas ya se habían cancelado, con un recaudo superior a $1,05 billones, recursos que, de prosperar las actuaciones, tendrían que ser devueltos a los ciudadanos.
Las cifras se concentraban en Cali, con 2,7 millones de comparendos bajo revisión; Medellín, con más de 717.000; Bogotá, con cerca de 294.000, y Barranquilla, con más de 131.000. Solo en la capital, las multas pagadas involucradas en la investigación sumaban alrededor de $70.700 millones que eventualmente deberían restituirse, según los datos reportados en la época.
Las fallas técnicas que activaron la revisión
La pesquisa se centró en posibles incumplimientos de los requisitos técnicos para la operación de las cámaras. Según el Ministerio de Transporte, 12 organismos de tránsito habrían comenzado a operar los sistemas sin contar con el concepto de desempeño requerido, siete habrían utilizado conceptos expedidos a terceros y otros 18 los habrían obtenido después de iniciar su operación.
El debate jurídico
La posible restitución de los recursos generó cuestionamientos entre expertos desde el mismo anuncio: la apertura de las investigaciones no significaba que todos los comparendos fueran automáticamente inválidos ni que los municipios tuvieran que devolver de inmediato el dinero recaudado. Los organismos de tránsito, dijeron, podían ejercer su derecho a la defensa y presentar pruebas sobre la legalidad de los sistemas y de cada caso.
Precisamente ese es uno de los argumentos que ahora pone sobre la mesa Fedemunicipios: para Toro no existe una base que permita asumir que los recursos recaudados por las fotomultas deban devolverse de manera generalizada.
La discusión también compromete al SIMIT, el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, administrado por la propia Federación, que concentra la información de las multas de tránsito del país. Toro ya había reconocido un uso inadecuado de algunos sistemas de fotodetección, pero había defendido estas herramientas como mecanismo de seguridad vial.