Las autoridades del Chocó y los mandos de la força pública acordaron reforzar las operaciones militares y policiales en la subregión del San Juan, en el sur del departamento, después de tres días consecutivos de ataques con drones cargados de artefactos explosivos, cuya autoría se atribuyó a la organización ELN.
La decisión se tomó en un Consejo de Seguridad y responde a las afectaciones que viene dejando el uso de aeronaves no tripuladas en la zona. Las acciones de la fuerza pública se concentran en Condoto, Nóvita y Río Iró, cuya cabecera municipal es Santa Rita de Iró.
Tres días de ataques
Las detonaciones iniciaron el martes 29 de septiembre en Condoto, donde un intendente de la Policía Nacional resultó herido. Continuaron el miércoles 30 de septiembre en Nóvita y terminaron el jueves 1 de octubre en Río Iró.
Sobre lo ocurrido en Nóvita, el comandante encargado de la Policía del Chocó, teniente coronel César Alberto Lemus Pinto, reportó que a las 10:15 p. m. del miércoles se lanzaron seis artefactos explosivos contra la estación policial y la base militar. El reporte confirmó que no hubo personas heridas ni fallecidas en esa localidad y que avanzan labores investigativas para ubicar a los responsables.
Faltan herramientas contra los drones
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, contabilizó al menos 11 ataques según los reportes iniciales, mientras que en las evaluaciones del consejo de seguridad se identificaron más de 33 lanzamientos con drones.
La mandataria señaló que el departamento carece de mecanismos para contrarrestar este tipo de aeronaves y solicitó respaldo adicional al Gobierno Nacional para incrementar las capacidades de las unidades en el territorio.
Como parte de la respuesta, la Gobernación destinó recursos del fondo de seguridad departamental a la contratación de contramedidas tecnológicas y pidió asistencia técnica al Gobierno Nacional.
La situación adicional golpea a una región ya golpeada: la población del San Juan afronta, al tiempo, los efectos de un sismo de magnitud 7.4 y de un enjambre sísmico en la zona. Las autoridades y la fuerza pública mantienen en los tres municipios los esquemas de protección y monitoreo.