Los problemas que afectan a la Vía al Llano no responden únicamente a los derrumbes o a las lluvias. El diagnóstico presentado por Alberto Mariño Samper, presidente de Proindesa, señala una combinación de condiciones naturales, actividades humanas, manejo del agua y decisiones institucionales.
El corredor Bogotá-Villavicencio tiene 85,6 kilómetros y conecta la capital con los Llanos Orientales, una región clave para el transporte de pasajeros, alimentos, mercancías y productos asociados con actividades agropecuarias, ganaderas y de hidrocarburos.
Desde 2019, Coviandina administra, opera y mantiene los dos primeros tercios de la vía, además de continuar la construcción del último tercio tras la terminación del contrato que estaba a cargo de Coviandes.
El impacto de las actividades alrededor de la carretera
La carretera atraviesa una zona montañosa expuesta a lluvias extremas, erosión, avalanchas, incendios forestales, periodos de sequía y sismos. A estos factores se suman cambios en el uso del suelo, deforestación, construcciones, cultivos, ocupación de zonas inestables y modificaciones de cauces.
Mariño explicó que las captaciones de agua sin permisos y las obras rurales pueden cambiar la forma en que el líquido llega a la vía. Invernaderos, galpones o construcciones ubicadas en zonas de pendiente pueden concentrar rápidamente el agua y superar la capacidad para la que fueron diseñados los sistemas de drenaje.
“Yo he diseñado las obras de la carretera para unos flujos de agua normales, no para eso, entonces me puede producir, se puede llevar la alcantarilla y puede interrumpir el paso”, afirmó el ingeniero durante la entrevista.
El presidente de Proindesa aclaró que el problema no consiste en impedir que los campesinos cultiven o rieguen sus terrenos, sino en que esas actividades se realicen con permisos y teniendo en cuenta la infraestructura ubicada aguas abajo.
Críticas a las decisiones institucionales
El análisis también incluyó cuestionamientos a la forma en que la Agencia Nacional de Infraestructura toma decisiones sobre los contratos. Según Mariño, los interventores deben concentrarse en funciones técnicas y financieras, mientras las decisiones contractuales corresponden a la entidad estatal.
A su juicio, las demoras pueden terminar en conflictos ante tribunales de arbitramento y elevar los costos de proyectos que dependen de financiación. También propuso revisar la estructura de la ANI y los mecanismos de solución de controversias.
Además del manejo del agua, el ingeniero mencionó problemas recurrentes como deterioro del pavimento, daños en juntas de puentes y barreras de contención, falta de señalización, crecimiento de maleza, basura y drenajes obstruidos.
La conclusión del diagnóstico es que la Vía al Llano requiere una gestión integral del territorio. Reparar cada punto después de una emergencia no resolvería los factores que pueden volver a poner en riesgo la movilidad entre Bogotá y Villavicencio.