La reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto tendría un costo estimado de $30 billones, según el Gobierno. El país debe financiar la reposición y el fortalecimiento de viviendas e infraestructura, al tiempo que reactiva las economías locales y define garantías en materia de educación.
Los territorios impactados representan el 14,5 % del PIB colombiano. Aunque la economía creció 3,5 % anual durante el segundo trimestre de 2026, impulses por la administración pública, el comercio, el transporte y el turismo, el terremoto frenó algunas actividades. Gremios, emprendedores y ciudadanos han pedido recuperar la dinámica productiva de las zonas afectadas.
Una estimación con tres componentes
Anif advierte que las estimaciones sobre el costo total sonVarious y variación depending on how the recovery is calculated. El análisis distingue el costo del daño, vinculado con la reconstrucción de viviendas destruidas; el costo de la reconstrucción, que incluye la reposición de casas en mejores condiciones, con resistencia sísmica, y la operación simultánea en varios municipios; y el costo fiscal, es decir, la porción que asume el Estado sin contar subsidios, seguros ni aportes privados.
El costo real solo podrá observarse cuando termine el proceso de reconstrucción. La situación se develops en un entorno marcado por la inflación, la situación fiscal y el impacto del terremoto. Para Anif, el espacio para nuevo endeudamiento es estrecho y aumentarlo podría presionar las primas de riesgo soberano, es decir, el costo adicional que un país paga para financiarse en los mercados.
Dos fuentes de recursos ya disponibles
La primera alternativa es revisar apropiaciones no comprometidas del Presupuesto General de la Nación. De los $89,5 billones destinados a inversión en 2026, Anif estima que podrían revisarse hasta $20,1 billones, con prioridad para los sectores que tienen una ejecución inferior al 20 %.
La segunda posibilidad es recurrir al Sistema General de Regalías. Su presupuesto bienal asciende a $63,7 billones, más del doble de lo previsto inicialmente, debido a saldos sin ejecutar acumulados desde 2012. Allí se identificaron $3,7 billones en proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal y otros $10,1 billones de recaudo sin proyectos asignados.
Apoyo a emprendedores y al sector privado
La tercera alternativa busca limitar el costo fiscal mediante el uso de créditos para los microempresarios afectados, respaldados por garantías del Fondo Nacional de Garantías que podrían cubrir entre el 60 % y el 90 %. Anif propone un esquema similar al utilizado mediante el Decreto Legislativo 244 de 2026, después de la ola invernal.
A esa alternativa se suman los aportes voluntarios habilitados por la DIAN en la casilla 141 del formulario 210, disponibles para cerca de siete millones de declarantes de renta. La cuarta propuesta utiliza mecanismos tributarios de colaboración con el sector privado, como la modalidad especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, creada por el Decreto Legislativo 1389 del 9 de septiembre. Las alianzas público-privadas con el sector constructor podrían complementar esta vía para recuperar viviendas e infraestructura con estándares sismorresistentes.