Comercializadoras y exportadoras de oro alertaron al Gobierno Nacional por un presunto contrabando de entre 500 kilogramos y una tonelada del metal cada semana. Según las empresas, el fenómeno podría representar entre 225.000 y 450.000 millones de pesos y dejar al Estado sin cerca de $40.000 millones semanales en impuestos.
La alerta fue enviada al Gobierno en una carta del 28 de septiembre. En el documento, las compañías señalaron una disminución considerable del oro que llega al mercado formal y mencionaron posibles rutas de contrabando por Cúcuta y la frontera con Venezuela.
“Nos preocupa que el oro esté dejando de llegar a las empresas que cumplen las reglas. Si resulta más atractivo comercializarlo por fuera de los canales formales, el problema puede trasladarse de una ruta a otra”, afirmó Nicolás Echeverry, vocero de las comercializadoras firmantes.
El sector también expresó preocupación por las dificultades para acceder al sistema financiero y por las cargas tributarias y regulatorias que, según las empresas, afectan la competitividad de quienes operan legalmente.
Discusión sobre nuevas sanciones
La advertencia se conoce mientras se discute el borrador del Estatuto Antiterrorista. El artículo 327F propone penas de entre seis y 14 años de prisión para quienes comercialicen, transporten, transformen o exporten oro de origen ilícito o sin los soportes de trazabilidad exigidos.
Las comercializadoras pidieron diferenciar entre las organizaciones criminales y los pequeños productores que intentan formalizarse. Echeverry sostuvo que no es razonable exigirles a estos últimos las mismas capacidades técnicas, administrativas y económicas que a una gran compañía minera.
“Para combatir la ilegalidad, debemos facilitar la formalización y permitir que ese oro ingrese a la economía legal con trazabilidad y pagando los impuestos correspondientes”, señaló el vocero.
Las empresas solicitaron una reunión urgente con el Gobierno para contrastar sus cálculos con información de la DIAN, el DANE y la Agencia Nacional de Minería. También pidieron definir medidas contra el contrabando, fortalecer la trazabilidad y facilitar la formalización de los pequeños productores.