México aprobó una reforma que obliga a hoteles, moteles, alojamientos digitales y empresas de transporte turístico a verificar la identidad de los adultos que viajen con menores de edad, así como el vínculo legal que tengan con ellos. La medida busca cerrar espacios utilizados para facilitar la explotación sexual infantil.
Los cambios incorporan las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de la Ley General de Turismo. Los establecimientos deberán comprobar si existe parentesco, patria potestad, tutela o custodia legal entre el adulto y el menor.
Cuando no se presente la identificación o la documentación requerida, las empresas tendrán que negar el servicio. Además, deberán informar oportunamente a las autoridades investigadoras si existen indicios de un posible delito.
La reforma también ordena implementar protocolos y acciones preventivas en espacios físicos y plataformas digitales. El objetivo es detectar situaciones de riesgo y evitar que posibles agresores se desplacen a destinos turísticos para contactar a menores.
Las cifras que impulsaron la reforma
Los diagnósticos incluidos en el dictamen aprobado por el Senado señalan que alrededor de 17.000 menores sufren explotación sexual en al menos 22 entidades de México. Otros informes citados indican que más de 16.000 niñas y niños están atrapados en la prostitución, especialmente en destinos turísticos.
La Red por los Derechos de la Infancia en México estima que el 36 % de los clientes o agresores proviene del extranjero. Entre los países mencionados aparecen Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania. Según los datos citados en el debate, solo una de cada 100 carpetas de investigación por este delito termina en sentencia.
La Cámara de Diputados había aprobado la reforma el 29 de abril de 2025. Tras el aval del Senado, los cambios fueron enviados al Ejecutivo y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.