El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, y su muerte días después desencadenaron una ola de protestas y un intenso debate político sobre la vivienda en España. Abascal fue expulsada de su hogar el 23 de septiembre y falleció en un hospital el 7 de octubre, antes de poder regresar.
El caso se convirtió en el símbolo de un problema que organizaciones de inquilinos consideran estructural: el aumento de los alquileres, la falta de vivienda asequible y la dificultad de acceder a una residencia en un mercado cada vez más orientado a la rentabilidad inmobiliaria.
Un contrato de renta antigua terminó en los tribunales
La vivienda estaba vinculada a un contrato firmado por el padre de Abascal bajo el antiguo régimen de alquileres conocido como «renta antigua». Tras su muerte, el contrato pasó primero a su esposa y luego a Maricarmen, quien durante casi dos décadas pagó cerca de 500 euros mensuales, además de los gastos de la vivienda.
La situación cambió en 2018, cuando la sociedad inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión adquirió el inmueble y cuestionó la validez del contrato. La empresa reclamó que el alquiler subiera a 2.650 euros mensuales. El litigio llegó al Tribunal Supremo, que avaló la finalización del contrato después de analizar las sucesivas subrogaciones familiares.
Para la empresa, se trataba de recuperar un inmueble mediante un procedimiento judicial. Para quienes defendieron a Abascal, los intentos de desalojo mostraban cómo el precio de la vivienda puede quedar fuera del alcance de personas con ingresos limitados.
La falta de vivienda alimenta las protestas
El problema se agravó después de la crisis financiera de 2008, cuando la construcción de nuevas viviendas se frenó. Según el Banco de España, citado en la fuente, desde 2021 existe un déficit acumulado cercano a 750.000 viviendas. El año pasado se formaron unos 240.000 hogares, mientras que solo se terminaron 92.000 viviendas.
A esa brecha se suman la insuficiencia de la oferta pública, la compra de inmuebles como inversión y el uso de viviendas para alquileres turísticos o temporales. En 2025, el 26,8 % de los hogares españoles que alquilaban a precios de mercado destinaban más del 40 % de sus ingresos al pago de la vivienda, frente al 18,6 % registrado como promedio en la Unión Europea.
El Sindicato de Inquilinas impulsó movilizaciones en distintas ciudades. En la Puerta del Sol, en Madrid, se instalaron carpas con mensajes contra los fondos de inversión y los desalojos. Tras la muerte de Abascal, también se realizó una marcha hasta la vivienda en la que vivió y se guardó un minuto de silencio.
Uno de los manifestantes, identificado como Juan Pablo, dijo que la protesta respondía a una situación de injusticia acumulada y defendió que el acceso a la vivienda debe ser un derecho, no un bien sujeto únicamente a la especulación. Otra manifestante, Eva, calificó de inaceptable que una persona de avanzada edad pudiera ser expulsada legalmente de su casa.
El debate llegó al Congreso y a la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez respondió con dos decretos que incluían medidas de protección frente a los desahucios, límites a determinadas prácticas inmobiliarias y disposiciones para reforzar la estabilidad de los contratos. Sin embargo, el Congreso rechazó ambas iniciativas el 2 de octubre, con votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts, entre otros grupos.
El debate también elevó la confrontación entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz parlamentaria de Más Madrid, Manuela Bergerot. Sus intercambios incluyeron acusaciones cruzadas sobre las protestas y distintas posiciones frente a la regulación del alquiler, la construcción de vivienda y la seguridad jurídica de los propietarios.
En medio de la tensión social, Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. La Confederación General del Trabajo, por su parte, convocó una huelga general para el 11 de noviembre con reivindicaciones como reducir el precio de la vivienda, recuperar inmuebles en manos de fondos de inversión, regular los alquileres y suspender los desalojos sin alternativa habitacional.
Las carpas permanecen instaladas en la Puerta del Sol mientras la vivienda se consolida como uno de los principales temas de la disputa política española. El caso de Maricarmen Abascal dejó abierta la discusión sobre los límites del mercado inmobiliario y la protección que debe recibir la población que no puede asumir los precios actuales.