El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno estudia conceder libertad condicional anticipada a cerca de la mitad de los presos vinculados con pandillas. La eventual medida dependería de una evaluación individual de los casos y estaría acompañada de mecanismos de supervisión.
Por ahora, las autoridades no han definido cuándo comenzaría el programa, cuáles serían los requisitos de acceso ni cuántas personas podrían beneficiarse. Tampoco se conocen los detalles del esquema de seguimiento para quienes recuperen la libertad.
“Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”, afirmó Bukele durante una sesión de preguntas y respuestas posterior al anuncio de un acuerdo de inversión energética con la empresa española Cox.
El mandatario explicó que la revisión tendría en cuenta el contexto de violencia que enfrentó el país y las circunstancias en las que algunas personas terminaron vinculadas con esas estructuras. Según su planteamiento, debe distinguirse entre quienes ejercían el control y la violencia y quienes vivían bajo el dominio territorial de las pandillas.
Bukele reconoció que los posibles beneficiarios cometieron delitos y que, en principio, merecen estar en prisión. Sin embargo, sostuvo que las condiciones excepcionales de El Salvador podrían justificar que algunos cumplan el resto de sus condenas bajo libertad condicional.
Una política cuestionada por organizaciones de derechos humanos
La lucha contra las pandillas es uno de los principales ejes del Gobierno salvadoreño. Desde la aplicación del régimen de excepción, en marzo de 2022, las autoridades han detenido a decenas de miles de personas y aseguran que la violencia de las pandillas ha disminuido de manera considerable.
La estrategia también ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch ha documentado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso. En julio de 2026, Amnistía Internacional advirtió que algunos abusos documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El anuncio deja abierta la discusión sobre cómo se determinará el nivel de participación de cada detenido y qué garantías tendrá cada persona para que su caso sea analizado de manera individual.
La declaración se produjo el mismo día en que Bukele conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la protección de infraestructura crítica y puertos salvadoreños frente a lo que Washington calificó como “influencias extranjeras malignas”.