Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Bogotá en noviembre para continuar las conversaciones con el Gobierno sobre la estabilización de las finanzas públicas y los posibles mecanismos de apoyo financiero. El Ministerio de Hacienda confirmó la visita este 14 de octubre.
El anuncio llega después de una reunión técnica la semana pasada en Washington, en la que hicieron parte el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, el director de Política Macroeconómica, Sammy Libos, y el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias. Según la cartera, allí se discutó “en detalle la estrategia de estabilización de las finanzas públicas que plantea el Gobierno” y se exploraron alternativas de apoyo del organismo.
El acercamiento dio un impulso a finales de septiembre, cuando el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, visitó Colombia. Vale precisar algo: la visita de noviembre no significa que el país tenga un crédito aprobado; por ahora, no se han anunciado montos, un instrumento financiero ni condiciones concretas.
Un déficit que no logra cerrarse
Para 2026, el déficit fiscal del Gobierno nacional central sería de 7,2 % del producto interno bruto (PIB), siempre que se ejecute el recorte de gasto anunciado por 21,9 billones de pesos. Si no se concreta, subiría a 8,2 %.
El escenario de 2027 exige una decisión aún más ambiciosa. El Gobierno proyecta reducir el déficit a 7,2 % del PIB mediante un ajuste estructural de 45 billones de pesos, que buscaría materializar a través de la ley de rescate económico. Sin esas medidas, el propio Ministerio calcula que el faltante alcanzaría 9,4 % del PIB.
El déficit es la diferencia entre lo que el Estado recibe y lo que gasta. Para cubrir ese faltante, el país debe recurrir a la deuda; y cuanto más cuesta endeudarse, menos margen queda para atender otras obligaciones del presupuesto. Por eso el debate no se limita al próximo año, sino a convencer a los prestamistas de que las cuentas pueden estabilizarse.
Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, dijo esta semana que Colombia necesita iniciar “urgentemente” la consolidación fiscal, y advirtió que el ajuste no debe descansar solo en mayores impuestos: también es necesario contener un gasto público que, en su criterio, “ha crecido considerablemente”.
En la misma línea, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, valoró el acompañamiento del Fondo porque “contribuye a anclar la confianza en el país”, mientras que Clarke ya había señalado que una acción fiscal “oportuna y creíble” podría reducir los costos de endeudamiento y abrir espacio para la inversión privada, el empleo y el gasto social prioritario.
La cita de noviembre se produce con la proyección del Fondo de un crecimiento de Colombia de 2,2 % en 2026 y 2,3 % en 2027, por debajo del 2,6 % de 2025. El organismo también elevó sus previsiones de inflación: 6 % este año y 5,7 % en 2027. En septiembre, la variación anual de precios fue de 6,29 %, más del doble de la meta del Banco de la República (3 %), y la junta del emisor elevó su tasa de interés a 12,25 %.
El problema fiscal coincide, además, con una economía presionada por los precios. El ministro Gómez atribuyó parte de la presión al encarecimiento del petróleo en medio de la guerra en Oriente Medio, que también afecta insumos industriales y fertilizantes, a lo que se suman los efectos logísticos del terremoto de agosto y las presiones del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola.
¿Qué puede hacer el Fondo y qué no está definido?
Entre los pasos del proceso está la consulta del Artículo IV, solicitada por Colombia a finales de septiembre. Se trata de una evaluación periódica en la que el FMI revisa la evolución de la economía del país, sus perspectivas de crecimiento, inflación y empleo, el sistema financiero y los principales riesgos, además de sus planes macroeconómicos.
Esa evaluación no equivale a la aprobación de un préstamo. Aunque Hacienda confirmó que las conversaciones incluyen la exploración de instrumentos para mejorar las condiciones de financiamiento, todavía no se ha precisado qué mecanismo podría utilizarse ni si el acercamiento desembocará en una operación de crédito.
Con ese panorama, la misión de noviembre tendrá la tarea de examinar qué tan creíble es la ruta fiscal que propone el Gobierno y qué instrumentos podrían contribuir a mejorar sus condiciones de financiamiento en el corto y mediano plazo.