En Colombia se registra, en promedio, un ataque con drones cada 20 horas. Así lo señala un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que contabilizó 716 hechos desde 2023, de los cuales 318 ocurrieron durante el año analizado.
El documento indica que el 71 % de los ataques se concentra en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. El Estado Mayor Central, señalado como responsable del 72 % de los casos, y el ELN, con el 23 %, reúnen el 95 % de los hechos atribuidos a organizaciones armadas.
Uno de los casos más recientes fue la muerte del soldado Samuel Pinzón Barliza Ipuana. Según la Novena Brigada, el ataque fue ejecutado por integrantes del Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc comandada por Iván Mordisco.
Desde 2024, los ataques con drones han afectado a 487 personas. Entre los civiles se registran 55 heridos y seis muertos. En la Fuerza Pública, el balance citado por la FIP es de 401 heridos y 25 fallecidos.
Una tecnología cada vez más difícil de neutralizar
El informe recuerda que las antiguas Farc ya buscaban adquirir drones desde 2009. El primer ataque con explosivos utilizando estos aparatos fue registrado en julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, por orden de los Comandos de Frontera.
La FIP documentó 119 ataques en 2024 y 277 en 2025. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa citadas en el documento, durante 2025 hubo cerca de 9.000 intentos de ataque y las autoridades lograron inhibir alrededor del 96 %.
Sin embargo, algunos drones utilizan tecnología de fibra óptica, que transmite la señal mediante un cable y dificulta su detección o neutralización con inhibidores. La organización advierte que estos equipos permiten vigilar a la Fuerza Pública y a la población, revisar campamentos y atacar sin exponer directamente a los operadores.
El informe también menciona ataques contra infraestructura estratégica, como el ocurrido contra un radar aeronáutico 3D en Candelaria, Valle del Cauca, que hacía parte de un plan para ampliar la cobertura y la seguridad aérea.
Las medidas que propone la FIP
La Fundación Ideas para la Paz recomienda concentrar los esfuerzos estatales en los instructores y proveedores que sostienen la capacidad operativa de los grupos armados. También considera urgente ampliar las capacidades antidrones en las unidades más afectadas, especialmente las pequeñas y alejadas de los centros urbanos.
Como segunda prioridad, la organización plantea proteger a las comunidades mediante protocolos de autoprotección y acciones de prevención que puedan difundirse en las zonas expuestas.