Jamundí, Valle del Cauca, podría convertirse en escenario de una disputa territorial entre el Frente Jaime Martínez, el Frente 57 Yair Bermúdez y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La advertencia está contenida en la Alerta Temprana 023 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo el 15 de octubre.
La entidad, encabezada por Iris Marín Ortiz, explicó que el riesgo está relacionado con el dominio del Frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central, y sus pretensiones de expansión hacia zonas bajo influencia del Frente 57. También señaló que el tránsito del ELN por el territorio podría aumentar la confrontación.
Control territorial y amenazas a las comunidades
Según la alerta, desde comienzos de 2024 el Frente Jaime Martínez avanza hacia las zonas plana y periurbana de los corregimientos de Robles, Potrerito y Timba, con el propósito de asegurar un corredor de comunicación con el Naya y el Pacífico.
La Defensoría afirmó que el grupo impone un orden social y político que “suplanta la autoridad estatal”. Entre las prácticas denunciadas están la exigencia de carnés veredales, la instalación de peajes ilegales para realizar cobros extorsivos y las restricciones al paso de misiones médicas.
Las juntas de acción comunal, los cabildos y los consejos comunitarios también serían intimidados para actuar como intermediarios y escudos durante posibles asonadas. La llegada del Frente 57 a Jamundí en mayo de 2026, según la entidad, genera “un riesgo inminente de guerra abierta, masacres, quema de vehículos y asesinatos”.
La Defensoría agregó que el Frente Jaime Martínez ha empleado drones con cargas explosivas en ataques contra los cascos urbanos de Robles, Potrerito y Timba. También alertó sobre la instalación de minas antipersonal en entornos escolares.
Riesgos para pueblos indígenas, menores y personal médico
Entre las comunidades afectadas están los cabildos Kwethe Fxinxis Sek Naw y Sxabuse Yu Lux de la Meseta, además del Resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa. La entidad indicó que integrantes de la Guardia Indígena reciben amenazas por sus labores de control territorial.
Quince consejos comunitarios de la zona plana enfrentan afectaciones relacionadas con la minería ilegal en los ríos, los retrasos en las consultas previas del Complejo Carcelario y Penitenciario y el desplazamiento de pequeños núcleos familiares.
Los líderes sociales y defensores de derechos humanos están expuestos a amenazas, retenciones y atentados. La alerta también advierte sobre el reclutamiento forzado de menores, a quienes el grupo atraería con ofrecimientos de celulares o motocicletas, redes sociales y entrenamientos relacionados con drones y minas.
En el sector viven además 19 firmantes del Acuerdo de Paz, quienes estarían en riesgo de revictimización. El personal de salud ha sufrido retenciones y cobros extorsivos, mientras que los hostigamientos contra subestaciones rurales de Policía limitan la presencia de funcionarios de la Alcaldía.
Frente a este panorama, la Defensoría emitió 36 recomendaciones para las autoridades. Las medidas incluyen coordinación interinstitucional, acciones de disuasión, fortalecimiento de la investigación y el acceso a la justicia, reducción de las vulnerabilidades de las comunidades y acompañamiento de la Procuraduría.