El concejal de Bogotá Juan David Quintero pidió que los organismos de control revisen un pago de COP 26.101.691.506 realizado por Sencia a APP CDEC, firma identificada como originadora del Complejo Cultural y Deportivo El Campín. El giro corresponde a los costos de estructuración de la Asociación Público-Privada para renovar y operar el escenario deportivo.
El pago aparece registrado en un informe de seguimiento del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), con fecha del 28 de octubre de 2024. La controversia no se centra en si el dinero fue desembolsado, sino en si el reconocimiento estaba permitido bajo las condiciones con las que fue adjudicado el proyecto.
La relación entre APP CDEC y Sencia
Según los estados financieros de Sencia correspondientes a 2024, el contrato estableció un valor base de $20.191 millones por los costos de estructuración a favor del originador. La suma debía pagarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma y estaba expresada en pesos del mes de referencia, mientras que el informe del IDRD reportó un valor final de COP 26.101 millones.
La APP CDEC fue la adjudicataria del proceso realizado en diciembre de 2023, pero el contrato de concesión fue suscrito por Sencia S.A.S., una sociedad creada como vehículo concesionario. Quintero sostiene que ambas compañías estaban relacionadas cuando se efectuó la operación y pidió establecer si esa circunstancia permitía el pago.
La denuncia también plantea que el contrato publicado al comienzo del proceso contemplaba el reconocimiento de los costos cuando el adjudicatario fuera un tercero distinto al originador. Según el concejal, esa disposición habría cambiado entre la adjudicación y la firma del contrato, que ocurrió el 7 de junio de 2024.
La Ley 1508 de 2012 permite que particulares estructuren iniciativas privadas por su propia cuenta y riesgo. En este tipo de proyectos, las reglas contemplan el reconocimiento de estudios cuando el originador no es seleccionado y otra firma ejecuta la iniciativa. Quintero pidió revisar el pago a la luz de esa norma y de la minuta publicada durante el proceso.
Cuestionamientos a la ampliación de los plazos
La denuncia incluye reparos al Otrosí No. 1, firmado en julio de 2025. De acuerdo con el documento divulgado por el concejal, la modificación amplió la fase de preconstrucción de 12 a 16 meses, la construcción de 42 a 44 meses y el plazo para acreditar el cierre financiero.
El otrosí también permitió que el estadio actual continuara en explotación durante las obras. Quintero considera que esos cambios modificaron aspectos centrales del proyecto adjudicado y solicitó al IDRD divulgar los conceptos jurídicos que respaldaron la decisión.
El contrato original contemplaba una etapa preoperativa de hasta 54 meses, dividida en 12 meses de preconstrucción y 42 de construcción. El proyecto incluye nueve unidades funcionales, entre ellas el estadio, parqueaderos, zonas deportivas, espacios de entretenimiento y emprendimiento, un auditorio y obras de urbanismo.
Una concesión bajo revisión
La concesión tiene un valor estimado de $2,4 billones y comprende la financiación, construcción, operación, mantenimiento y aprovechamiento económico del complejo deportivo y cultural. La etapa de operación y mantenimiento se extendería hasta 2053, de acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto.
La discusión contractual se desarrolla mientras la Contraloría de Bogotá adelanta una indagación preliminar por el deterioro de la grama de El Campín. La entidad revisa las obligaciones de Sencia, la supervisión del IDRD y los posibles efectos sobre recursos públicos. También anunció una auditoría de cumplimiento más amplia sobre la APP, desde la etapa de factibilidad hasta la transición a la construcción.
En enero de 2026, Corficolombiana, a través de Corfiinvest, adquirió el 51 % de las acciones de Sencia. La compañía informó que la concesionaria está a cargo de la ejecución integral del contrato con el IDRD.
El pago cuestionado también aparece mencionado en una acción popular promovida por una veeduría ciudadana contra el IDRD, Sencia y APP CDEC. La demanda solicita proteger la moralidad administrativa, el patrimonio público y el espacio público, además de pedir el eventual reintegro del dinero. Esas pretensiones hacen parte del proceso judicial y no representan una decisión definitiva.