Cientos de miles de colombianos viven bajo confinamientos impuestos por los grupos armados organizados, una práctica que convierte actos cotidianos —salir de casa, ir al colegio, trabajar en el campo o buscar atención médica— en una amenaza para la vida.
El miedo llegó incluso a los ritos de despedida. José Obdulio era un niño del Alto Baudó, en el Chocó, y cuando murió nadie se atrevió a asistir a su velorio: el temor reprimió los chigualos, los cantos afrocolombianos con los que las comunidades despiden a los niños fallecidos. En su casa todo sigue igual —los enseres con los que jugó, la construcción de madera, los cultivos que alimentaron a su familia por generaciones—, pero ya nada de eso se puede usar.
Las comunidades describen la situación como un encierro: una privación de la libertad sin formalismos que se repite, en promedio, cada semana en algunos territorios rurales del país y se extiende a actividades como cazar, pescar, buscar gasolina o simplemente caminar por el territorio.
Una crisis con pocas voces
Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, describe el fenómeno como una grave crisis humanitaria con muchos protagonistas y pocas voces que la visibilicen. Los más afectados, precisa, son las comunidades étnicas y campesinas.
“Las cifras son tan alarmantes que representan como encerrar a todos los habitantes de Leticia o privar de movilidad la población completa de la isla de San Andrés”, dijo Rizzo.
Cifras sin un único consenso
Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 más de 128.000 personas fueron víctimas de confinamiento en Colombia. No existe, sin embargo, una cifra única: la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que en los últimos diez años un número de personas cercano a toda la población de Cúcuta fue sometido a confinamiento, mientras que las bases de datos de la Unidad de Víctimas registran en esa misma década una cifra cercana a las 300.000 víctimas.
Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, el escenario es alarmante. “Si bien se registran esfuerzos por mantener la atención, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía (…). Esto retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos”, afirmó.
Una práctica que el Estado ya conocía
El confinamiento no es nuevo ni aislado. En 1996, un grupo armado sometió a comunidades del Chocó a más de medio año de encierro, según documenta el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional: tras presenciar asesinatos de sus líderes, las familias quedaron encerradas seis meses, después llegó el bloqueo de alimentos, medicamentos y movilidad, y cuando vivir allí se volvió insostenible optaron por desplazarse. En ese caso murieron dos niños por desnutrición.
La Corte Constitucional advierte que el confinamiento pone en jaque garantías mínimas como el alimento, la salud, la educación y la libre movilidad en condiciones dignas. La magistrada Natalia Ángel agrega que los daños van más allá de lo individual: “Restringir la movilidad también puede comprometer derechos colectivos, como la identidad cultural, la autonomía, el autogobierno y ponen en riesgo la pervivencia misma de las comunidades”.
El Derecho Internacional Humanitario es categórico: todas las partes del conflicto deben respetar la dignidad de la población civil, y están prohibidas las conductas crueles, humillantes o degradantes, así como obstaculizar el ingreso de la ayuda humanitaria. La sensación del encierro, sin embargo, la resume mejor un líder comunitario del Bajo Baudó, que lleva más de un año con su sector confinado: “Esto es como estar preso. No sé cuándo podré volver a la libertad. Ni el Santo Padre se ha acordado de nosotros aquí”.
Tarde, pero no imposible
Paula Gaviria, relatora especial de la ONU para los derechos humanos de los desplazados internos, reconoce que los intentos institucionales por visibilizar el confinamiento son un paso positivo: como ocurrió con el desplazamiento forzado o los mal llamados “falsos positivos”, los hechos del conflicto solo reciben respuestas jurídicas y preventivas cuando ganan foco mediático y tipificación legal.
“Colombia ya es un referente en desarrollos normativos sobre cómo atender con políticas públicas e institucionalidad el desplazamiento forzado; lo ideal ahora es aplicarlo y que el confinamiento no permanezca en el tiempo”, dijo Gaviria, para quien aún falta mucho tramo por recorrer para garantizar los derechos básicos de las comunidades.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) plantea dos caminos: respuestas humanitarias inmediatas que alivien el sufrimiento de quienes llevan días o más de un año confinados, y una presencia permanente del Estado —en orden público y en derechos básicos— en territorios que, por décadas de ausencia institucional, quedaron en manos de los grupos armados.
“El acompañamiento institucional no debe ni puede terminar con una única entrega de ayuda. Las comunidades requieren presencia sostenida del Estado para prevenir nuevos conflictos, fortalecer su protección y, ante todo, garantizar que sus vidas no vuelvan a ser confinadas en un futuro”, concluyó Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia.