La Corte Constitucional tumbó dos apartes de la Ley 2494 de 2025 que restringían la realización y publicación de encuestas de intención de voto en Colombia. Con la decisión, las firmas encuestadoras ya no tendrán que esperar hasta los tres meses previos a la inscripción de candidatos para preguntar por preferencias electorales y tampoco deberán entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) datos que permitan identificar a los encuestados.
El fallo quedó consignado en la Sentencia C-168 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, fechada el 3 de junio. La Sala Plena encontró que la limitación temporal del artículo 5 vulneraba el derecho fundamental a la información, previsto en el artículo 20 de la Constitución, porque impedía producir información política durante buena parte del periodo preelectoral.
El argumento de la Corte
La corporación reconoció que la norma buscaba proteger la libertad del elector y garantizar equidad en el debate democrático. Aun así, concluyó que prohibir los estudios durante un periodo prolongado no era una medida idónea ni necesaria. Como alternativas menos restrictivas mencionó elevar los requisitos metodológicos y fijar condiciones para la elaboración de los estudios, en lugar de sacar del debate público esa fuente de información.
Los datos personales que ya no se entregarán
El segundo punto del fallo se refiere a las facultades de auditoría del CNE. La Corte declaró inexequibles dos apartes del artículo 12 de la ley, que obligaban a entregar el código computacional para replicar la selección de unidades muestrales en las encuestas hechas en hogares y los números telefónicos utilizados en las encuestas telefónicas.
Para la Sala, esos elementos podían permitir identificar a los participantes y asociar sus datos personales con sus opiniones políticas, información de carácter sensible. Aunque reconoció que las auditorías del CNE persiguen una finalidad constitucionalmente importante, consideró que exigir esos datos no era necesario para verificar la calidad metodológica: existen mecanismos alternativos, como el uso de información anonimizada, para hacer los controles sin comprometer el anonimato político de los ciudadanos.
La sentencia no elimina las facultades de vigilancia del CNE ni las demás obligaciones de las encuestadoras contempladas en la Ley 2494 de 2025. Lo que retira son los requisitos específicos que fueron demandados.
El magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó parcialmente su voto. En su criterio, las disposiciones sobre la entrega de información al CNE debían mantenerse, porque esos instrumentos eran necesarios para comprobar que las firmas encuestadoras hubieran aplicado efectivamente los procedimientos metodológicos que anunciaron.